El desprestigio de la Magistratura

 

El daño ya es irreversible. La resolución del Tribunal Constitucional anulando el confinamiento a expensas de unos partidos a los que solo les interesa desgastar al gobierno, pone blanco sobre negro en algo que muchos venimos pensando desde hace tiempo: que las altas instituciones de la Magistratura están podridas al igual que los partidos que las controlan. Entendemos ahora, mejor que nunca, porqué el Partido Popular se niega a renovarlas, en uno de los actos más vergonzantes que una democracia puede soportar. Y sin embargo, el TC, que se acaba de pasar por el arco del triunfo todo el esfuerzo que los españoles, incluido el gobierno del Estado y los de las Comunidades Autónomas, hemos hecho desde que se declaró la pandemia, ninguneando al Congreso, al Consejo Interterritorial de Sanidad, a las leyes sanitarias y a todas y cada una de las instituciones del mundo que han actuado para frenar los contagios, lleva haciéndose el sueco ya demasiado tiempo ante la escandalosa actitud de la derecha en España, que se permite el lujo de vulnerar la Constitución, que tanto dicen defender, al negarse, por un motivo estrictamente político, a renovar los órganos de gobierno de la Judicatura. Un silencio demasiado cómplice hacia quienes les han colocado en sus cargos. Lo que solo tiene una lectura: son tan deudores ideológicos de la derecha, que no les importa sacrificar esa independencia de la justicia, tan cacareada por algunos, si esto les asegura que  sus afines ideológicos puedan volver a gobernar y mantenerlos a ellos en sus puestos.

Ya no hay vuelta atrás. El desprestigio de la Magistratura es tan grande en este país, que su redención se antoja imposible. Son demasiados los ejemplos de sentencias y resoluciones que benefician a sus amigos ideológicos, en contraste con la severidad y poca empatía que muestran hacia quienes no están en su ámbito ideológico o social.  Y lo peor, es que ya lo hacen sin pudor, como demuestra la resolución de TC  en contra del confinamiento, cerrando el círculo del despropósito iniciado por el CGPJ, El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la desfachatez con que algunos tribunales regionales o de menor rango, están teniendo al tumbar medidas que solo tiene por objeto reducir la incidencia de la pandemia en la salud de las personas y de la sociedad, entre otras muchas cosas.  

A veces uno tiene la sensación de que está todo perfectamente orquestado, que hay una simbiosis entre la derecha política, mediática y la judicatura, con el único fin de derribar a un gobierno que ellos consideran ilegítimo, aunque las leyes democráticas del país avalen su legitimidad. Solo en ese contexto se puede uno imaginar que el TC tumbe el estado de alarma ante una situación de emergencia nacional, proponiendo un estado de excepción, que sí limitaría, y mucho, las libertades, hasta incluso poder suspender el Estado de las Autonomías, algo que la derecha no parece que viera con malos ojos.

Se me escapa cómo, pero urge una solución. España, la de verdad, no la ahogada en el palabrerío de la patria; la de los ciudadanos y ciudadanas que conforman este país, necesita poder salir de este bucle en el que nos encontramos; escapar de este secuestro silente al que estamos siendo sometidos, para que todo parezca que va mal, cuanto peor mejor, y vengan, como los bomberos pirómanos, los salva patrias, los de “esto lo arreglo yo en dos patadas”; los que han sumido a una buena parte de los españoles en la pobreza y la desigualdad, con sus políticas de reformas que solo beneficiaban a sus amigos y aun  modelo de país oligárquico, con la magistratura a su servicio, y plutocrático, en el que solo se gobierna para los ricos.  

El Tribunal Constitucional ha dado un salto en el vacío tan grande en contra del buen criterio jurídico que se le presupone a un estamento de esa categoría, que le ha hecho entrar en el club de las instituciones de la Magistratura que  no ofrecen ninguna confianza a los españoles, convirtiéndose en prescindibles en su configuración y funcionamiento actual. Y cuando un país empieza a no creer en sus tribunales por arbitrarios y dogmáticos, deja de creer en la justicia y se sitúa al borde del caos. Aunque quizá eso sea lo que algunos desean.