El motín de los gatos (Novela de José Luis Labad)

 

No es fácil la tarea de escribir una novela histórica encontrando el equilibrio entre la narración y los hechos en los que se sustenta el argumento y los personajes, para que no parezca un ensayo divulgativo de historia con un poquito de docudrama o una novela de ficción donde la historia es un convidado de piedra. Además, engarzar a los personajes, para que los ficticios y los reales parezcan todos figurantes de la narración, es una tarea que requiere mucho tiento y saber hacer narrativo. Por eso toparse con una novela que cumpla a la perfección con todos estos componentes, es un placer, que no siempre se da.

El motín de los gatos (Estudio Ediciones 2024) del escritor madrileño José Luis Labad, es uno de esos placeres literarios que uno se encuentra en la vida, porque es ligera de lectura, sin menoscabo de ser una escritura de calidad, bien construida desde el punto de vista del lenguaje y con una estructura narrativa que hace vibrar al lector o la lectora a través de una historia que le lleva a transitar, como un espectador privilegiado, por el Madrid del reinado de Carlos II, en plena conspiración palaciega para inclinar la balanza de la heredad del trono entre los borbones franceses y los habsburgo  austriacos, recordemos, como lo hace José Luis Labad, que Carlos II no tuvo descendencia,.

Pero no se queda ahí Labad, que ya daría de sobra para armar una gran novela, sino que baja a la tierra de las pasiones codiciosas y del hambre que se pasaba en Madrid, no tanto por unos años de malas cosechas, sino por la acumulación de trigo y otros víveres por parte de la nobleza aristocrática y eclesiástica, que es, a fin de cuentas, lo que enciende la mecha del motín de los gatos, en defensa de la supervivencia de los madrileños y de un rey indefenso por su salud, que era víctima de todo tipo de desalmados cortesanos.

Llama la atención la manera de incardinar a los diferentes personajes, reales y ficticios, hasta el punto de que se hace casi imposible diferenciarlos. Así como las relaciones que se establecen entre las capas bajas de la sociedad, derrochando ternura y humanidad y las capas altas, rebosando maldad y codicia, en un juego de buenos y malos, que no deja margen para la duda.

También la relación que se establece entre Carlos II y fray Anselmo, el monje que sostiene toda la narración. Una amistad que humaniza al personaje real, como un ser inteligente y desgraciado por su mala salud e incapacidad de dar a la corona un heredero, y rescata de las tinieblas del desprecio, por su físico, al monje, convirtiéndolo en un ser adorable, tierno y glotón. Podríamos decir que El motín de los gatos es una novela en la que ganan los feos de apariencia física y belleza de corazón.

¿Qué está pasando en la policía?

 

¿Qué está sucediendo con la policía en las manifestaciones de las últimas semanas? No parece que su comportamiento se atenga a las reglas de una policía democrática, que tiene que velar por la seguridad de las calles, pero también, por la de los ciudadanos. Las actuaciones desmedidas y violentas contra manifestantes que reivindican derechos no tienen cabida en una democracia avanzada como la nuestra. Son intervenciones que recuerdan más a la policía de la dictadura, cuando protestar, por lo que fuera, suponía un acto de riesgo.

Los golpes y el ensañamiento que hemos visto estas semanas contra profesores, alumnos, familias, mayores, jóvenes, etc., ejerciendo el derecho constitucional de protesta y manifestación, con policías sin número de identificación incluidos, nos hacen pensar que alguien está tratando de presentar al gobierno como un agente represor, desde dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que es, en definitiva, de quien depende la policía con el fin de imponer entre la ciudadanía, una sensación de inseguridad, que en la realidad no existe.

¿Quién manda en la Policía Nacional, para que se esté comportando de esta manera? Si es el ministro del Interior, debería dimitir inmediatamente. Y si no es él quién está dando las órdenes de apalizar manifestantes, algo está sucediendo en su ministerio, que él no es capaz de controlar, y eso es mucho más preocupante, porque indica que hay dentro de la policía grupos que se están dedicando a desestabilizar la convivencia democrática, apuntándose al llamamiento “del que pueda hacer que haga” de Aznar.

Pero también debería preocuparnos, que si los cuerpos de seguridad están actuando de esta manera con un gobierno progresista, qué puede llegar a pasar si en España la extrema derecha entra en el gobierno. Visto lo visto, por el comportamiento de los antidisturbios estos días, ¿estamos al borde de traspasar la línea de una policía democrática, a una policía represiva? Todo parece indicar que sí, y ese es otro motivo de preocupación para que la extrema derecha no pueda gobernar y colonizar, como ya está haciendo, las fuerzas de seguridad del Estado.

No estamos asistiendo a actuaciones contra grupos violentos, que los hay y ahí deben proceder con contundencia, sino a intervenciones muy duras contra manifestantes pacíficos, generalmente de izquierdas o progresistas, todo hay que decirlo, porque cuando se trata de interponerse frente a provocadores fascistas como Vito Quiles, parecen colegas, o cuando los cachorros de la ultraderecha  van a la Puerta del Sol gritando “Pedro Sánchez, hijo de puta”, o a llamar vagos y guarros a los acampados por la vivienda, se comportan como si estuvieran poniendo orden en un cumpleaños de niños que están montando demasiada algarabía.

Vuelvo al principio ¿Quién manda en la policía, para que estén sucediendo estas cosas? Y sobre todo ¿Qué pretenden con estos comportamientos de policía antidemocrática?

Huelga General

 

El Partido Popular está en contra de la huelga general. Nada nuevo bajo el sol. Ya lo ha dicho Núñez Feijoo: “No la hagan o limpiarán la imagen de Pedro Sáñchez para siempre”— obviaremos su enésima utilización de las víctimas de la última tragedia, como ariete en su cruzada contra el gobierno—. Sospecha el líder del Partido Popular, que la huelga está convocada contra ellos y que esto no es justo, como si las políticas de su partido no tuvieran nada que ver con la situación de la vivienda en España. Como si el veto a las iniciativas del gobierno en las comunidades autónomas que gobiernan, fuera un juego de tronos al que la ciudadanía asiste como espectadora, desde la confortabilidad del sofá de una casa que, por cierto, no tienen, no pueden tenerla o están a punto de perder. No entiende que su boicot a cualquier ley sobre la vivienda presentada por el gobierno en el Congreso no haya calado en la gente como un empuje para sacar de la Moncloa el Sanchismo, incluso, aunque no se tenga casa, que eso para el Partido Popular es accesorio. Se enfada porque se vaya a hacer una huelga general, que interpreta va dirigida en su contra, cuando ellos están poniendo alfombras rojas a especuladores, fondos buitres y rentistas de poca monta. Aunque en el fondo lo que subyace, no es que la huelga tenga éxito o no, sino que le pueda perjudicar en su carrera hacia la gloria electoral, aunque esta victoria sea tan pírrica, que deje al país como un solar.
Punto y aparte es Vox y su líder con aspiraciones de califa Omeya, que advirtiendo de lo que va a ser su manera de gobernar, si es que llega a conseguir la mayoría suficiente, se permite el lujo de amenazar a los sindicatos y convocantes de la huelga, como en los mejores tiempos de la dictadura franquista: “Tomaremos nota”, ha dicho. Algo que no nos debería extrañar, dada su querencia por el dictador y el neofascismo que amenaza la convivencia pacífica y democrática de las sociedades occidentales. Esta amenaza es un aviso a navegantes, que debería ser tomada en consideración por sus enemigos, y por sus seguidores, porque tampoco se librarán de los tics autoritarios de quien hoy aplauden.   
¿Ha hecho el gobierno todo lo que podía para afrontar el problema de la vivienda? Se podría pensar que no, si hubiera tenido una mayoría holgada en el Congreso que le permitiera sacar sus iniciativas adelante. Pero la realidad no es esta y el Congreso con el boicot permanente de las derechas del PP, Vox, Junts y UPN, se ha dedicado a tumbar cualquier iniciativa que pudiera solventar, aunque fuera mínimamente, la necesidad de vivienda asequible para la mayoría de la población. Esta es la realidad y es ahí donde se tienen que buscar las responsabilidades. 
Ante la huelga general por la escasez de vivienda, una sociedad democrática no debe mirar para otro lado o esconderse en excusas de mal pagador para no hacerla. Porque la falta de vivienda es un problema tan transversal a toda la sociedad, independientemente de la ideología que tenga cada uno o cada una en la cabeza, que aquellos que tratan de ningunearla por sus vínculos con empresarios o el capital especulativo, o amenazar con futuras represalias, deberían pagarlo, no solo con el éxito de la huelga, sino, también, en las urnas. No hay nada más detestable, democráticamente hablando, que negarse a que la vivienda sea un bien asequible o demonizar a quienes lo sufren y se movilizan exigiendo soluciones. Y eso, electoralmente, debería tener un precio. Por ello, Núñez Feijoo está con el miedo en el cuerpo y no por otra cosa. 

Responsabilidad y decencia política

 

Honor y gloria para Óscar Puente, por su gesto de asumir la responsabilidad política de los accidentes de trenes que ha habido este año en España, y dimitir como corresponde a un político con un alto sentido del deber hacia sus conciudadanos. Dimitir no es ser culpable, como ya señalé en mi anterior artículo del 1 de noviembre https://laescrituraesferica.blogspot.com/2026/11/resposabilidad-vs-culpa.html al contrario, enaltece a quién lo hace, al asumir la responsabilidad política que le toca, como es en este caso.

En España no estamos acostumbrados a que esto suceda, y aunque no es un caso aislado, ha habido dimisiones anteriores de dirigentes políticos por diferentes razones, la dimisión de Óscar Puente añade una dosis de decencia a la política española, en un momento donde el insulto, el bulo y la destrucción del adversario es la moneda de cambio entre aquellos que quieren gobernar cueste lo que cueste, incluso la decencia. Por eso, el gesto de Óscar Puente, aparte de dignificarlo a él como político y como persona, lanza un mensaje de ennoblecimiento de la política, a la que no estamos acostumbrados en este país. Una dimisión que tiene otro ingrediente que no deberíamos pasar por alto: la petición de perdón a las víctimas y a la ciudadanía, por no haber estado a la altura de su responsabilidad.

La palabra “dimisión” o el sintagma “responsabilidad política” no está en el diccionario de muchos dirigentes, sobre todo cuando atañen al espectro político de la derecha más conservadora y/o extrema. Si no, que digan por qué todavía estamos esperando dimisiones en el gobierno madrileño por las miles de muertes acaecidas en las residencias de mayores durante el COVID; nadie dimitió ni pidió perdón por el accidente del metro de Valencia; por qué tardó Carlos Mazón un año en dimitir por su gestión, mejor dicho, no gestión de la DANA de 2024; dónde están las dimisiones por el accidente de Angrois, que por cierto, sucedió cuando Núñez Feijoo era presidente de Galicia: “Es evidente que hay un fallo humano” dijo entonces, tratando de exculpar de responsabilidades políticas a dirigentes de su partido; Federico Trillo tardó catorce años en dimitir, siendo ya embajador en Londres, por el Yak-42, pero nunca asumió su responsabilidad. Hay más casos en los que se ha escondido la cabeza bajo el ala en la derecha, pero como muestra vale un botón.

En el fondo, la dimisión de Óscar Puente, cómo se ha producido y el mensaje que lanza, ha debido sentar bastante mal en las filas de la derecha, porque la coloca frente al espejo de su hipocresía y les fastidia el relato de cara a las elecciones, que ya celebraban como ganadas por goleada, al introducir un nuevo elemento de discusión: la decencia política, algo que ellos, en los últimos tiempos, parece que han olvidado.  

Resposabilidad vs. culpa

 

Si en una cosa somos campeones los españoles, es en buscar culpables por encima de todo. Nos resulta más interesante señalar con el dedo, que buscar y encontrar soluciones a los problemas. Es posible que ese comportamiento nos venga por nuestra tradición católica de confesión y expiación de los pecados. Nos gusta el linchamiento, porque es una manera de ofrecer un sacrificio que aplaque la ira que podemos sentir por una situación muy grave o adversa y, después, si te he visto no me acuerdo. Pasamos del escarnio público al olvido, en lo que dura un telediario o una penitencia, que dependiendo de a quien se le aplique puede ser más o menos dura.

No es esta una reflexión hecha como un brindis al sol por los últimos acontecimientos que estamos viviendo, sino porque la doble vara de medir que tenemos nos delata. Perdonamos en nombre de una misericordia de clase las responsabilidades políticas cuando son de los nuestros, y exigimos que todo el fuego del averno caiga cuando el responsable es de los otros. Y al final, entre penas de telediario, tertulias de “expertos”, búsqueda de culpables, señalamiento con el dedo y perdón de los pecados, los problemas que han causado un evento grave, como los accidentes de tren u otro tipo de accidentes en casos anteriores, nos olvidamos de lo importante: Que no vuelva a pasar.

No voy a negar que en un accidente tan grave como el de Toledo no haya un culpable humano o varios (digo humano porque algunos tratan de obviar lo que todos estamos observando), entre otros factores que sí son competencia de los poderes públicos, como son la seguridad, la tecnología y las condiciones laborales de los trabajadores. Afortunadamente, todavía, los humanos tenemos la capacidad de vigilar los fallos del sistema; fiarlo todo a este nos desnaturaliza y hace que acabemos perdiendo el control.

Hay muchos factores en juego, que podemos señalar como culpables de lo sucedido, y las investigaciones que ya están en marcha, y las que se abran nuevas, dilucidarán quiénes son responsables, con penitencia, y qué hay que hacer para que no vuelva a suceder. Entonces podremos separar el trigo de la paja, la culpa de la responsabilidad.

Desde luego en esa culpa no está el ministro de Transportes; el no estaba en la sala de operaciones controlando trenes y paneles. Siento decir esto por aquellos que apuntan a él y más arriba, los mismos que se escondieron como cobardes cuando fueron ellos los responsables de otras catástrofes pasadas. Sin embargo, sí hay una responsabilidad política que tiene que asumir. Porque no ser culpable del accidente, no le exime de responsabilidad sobre cuál es la situación ferroviaria en España. Máxime cuando hace pocos meses hubo otra desgracia parecida y/o cuando el servicio ferroviario es bastante deficiente en los últimos años, por falta de inversiones y voluntad política.

Es necesario que aprendamos a distinguir entre culpabilidad y responsabilidad. El ministro no es culpable, pero sí es responsable político, y por ello, después de todo lo sucedido en torno al tren en España en los últimos años, debería dimitir. No puede ser juez y parte en la investigación, por muy honesto que se pueda creer que es.

 Pero hay otra cosa: la sociedad necesita, en estos momentos, ver que la política es un servicio público y no un lugar de privilegio, solo al alcance de unos pocos, en donde, pase lo que pase, nadie asume responsabilidades. 

España. Un crecimiento no planificado

 

Una nueva tragedia sacude España, como si hubiera un mal de ojo que nos somete, cada cierto tiempo, al estrés de la muerte imprevista y la destrucción. Ahora ha tocado, otra vez, al tren y los viajeros que han sufrido el terrible accidente de Toledo. Vaya por delante mis condolencias a los familiares de los finados y el deseo de una pronta recuperación, física y mental, para los heridos.

Sacando de mis adentros al ingeniero de caminos y experto ferroviario que todos llevamos dentro, me gustaría hacer alguna reflexión que fuera más allá de la búsqueda inquisitorial de culpables, que haberlos, haylos, y tendrán que responder por ello. Porque no se trata de señalar con el dedo o hacer acto de contrición y, después, si te he visto no me acuerdo.

España tiene un problema desde hace bastantes años, que va mucho más allá de la seguridad ferroviaria y el deficiente servicio que padecemos quienes cogemos habitualmente el tren. Hemos crecido demasiado como sociedad y nadie se ha puesto a planificar ese crecimiento en servicios públicos, vivienda, transporte, población, economía y/o nuevas tecnologías que ya han superado nuestra capacidad de adaptación y entendimiento.

La población española y sus necesidades han aumentado, casi exponencialmente, desde principios de siglo en unos diez millones de habitantes, que reclaman sanidad, educación, servicios, movilidad, vivienda, trabajo, cultura y todo lo que una sociedad necesita para funcionar con bienestar y seguridad. Pero, desgraciadamente, los gobernantes actuales, todos, incluidos los que puedan venir enfundados en banderas, son muy cortos de miras, incapaces de planificar nada que vaya más allá de los cuatro años para los que han sido elegidos, y no les proporcione réditos electorales. España está sobrepasada por su crecimiento y nadie ha puesto medidas para evitarlo. ¿Qué pasa entonces? Que los problemas se agolpan, y los accidentes, las tragedias, los conflictos y desigualdades aumentan.

Un país, para que pueda encarar el futuro con solvencia necesita dos cosas; dinero y voluntad e inteligencia política. El dinero se consigue con impuestos, con un sistema fiscal ecuánime y proporcional a la riqueza de cada uno, capaz de sufragar el funcionamiento del Estado con equidad, justicia, seguridad y bienestar, y todo esto no es barato. De la voluntad política ya he hablado más arriba. Y en cuanto a la inteligencia, no solo hay que pedírsela a los políticos, para que gobiernen con sabiduría y honestidad; también debemos asumir nosotros, los ciudadanos de a pie, los electores, qué parte de responsabilidad tenemos al depositar el voto, si lo hacemos dejándonos llevar por los medios o la propaganda cortoplacista. La inteligencia, en una democracia, tiene que ser un camino que se retroalimenta entre la clase política y la ciudadanía.  

Dicho todo lo anterior, hoy es un día triste, un día de duelo por las víctimas, que debería hacernos reflexionar más allá de la coyuntura provocada por el accidente, sobre qué país y qué sociedad queremos.  

¿Vuelven los "grises"?

 

Hay un asunto que lleva varios días dando vueltas por mi cabeza, y es el comportamiento de la policía en las manifestaciones que se están sucediendo a lo largo del país. Esa mano blanda con los provocadores de extrema derecha, que contrasta con la dureza con la que se aplican cuando los manifestantes son de izquierdas o, simplemente, reclaman derechos fundamentales que se están precipitando por el sumidero de ese neoliberalismo extremo, que ha contaminado a parte de la clase política y la sociedad en su conjunto.

Con los primeros porrazos dados, con bastante saña por parte de algunos policías en la Universidad Complutense de Madrid (he tenido la tentación de llamarlos “grises”, porque no he podido evitar el recuerdo de aquellos años de dictadura y postdictadura, cuando los palos llovían por todos los lados en las manifestaciones), pudimos creer que eran una anécdota, que se saldaría con las sanciones oportunas por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, la actuación policial en las provocaciones fascistas del 12 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid, tan complaciente con tanto joven cantando “El cara al Sol” y profiriendo gritos fascistas, y la sucesión de golpizas dadas a los docentes de Madrid, o a los que han protestado contra el fascista Vito Quiles, por cierto, siempre escoltado por la policía, y Santiago Abascal, provocador ultraderechista nato y fascista de libro, en varias ciudades españolas, han encendido las alarmas sobre si la policía, o parte de ella (no olvidemos que hay un par de sindicatos de ultraderecha en sus filas), se ha apuntado a “el que pueda hacer que haga” lanzado como una fetua por José María Aznar.

El único que puede parar este dislate antidemocrático de la policía es el ministerio del Interior, y no lo está haciendo. Porque no vale con anunciar investigaciones que nunca terminan y cuando lo hacen es para exculpar o condenar tímidamente a los responsables. Tienen los números de identificación de los antidisturbios que golpearon con una saña brutal a pacíficos manifestantes y todavía no sabemos si ha habido alguna actuación disciplinaria contra ellos. Eso debería ser lo primero e inmediato (quizá si se hubiera hecho con los golpes de la universidad madrileña, no se habrían reproducido, días después, con tanta ligereza), luego, que abran las investigaciones que quieran para destituir a quienes han ordenado esos comportamientos; una policía democrática no puede comportarse como si estuviéramos en una dictadura.

Por tanto, si el ministro del Interior no toma medidas urgentes y visibles para la ciudadanía, debería presentar la dimisión, o alguien debería cesarle.

Dicho lo anterior, los altercados de Barcelona son inaceptables en democracia y es necesario que todo el peso de la Ley caiga sobre los responsables, sean menores o no, y quienes los han instigado desde el cuarto oscuro de la red. Porque un tufo a provocación de la extrema derecha, para que parezca que España vive un estado de violencia alentado por la izquierda, como no han tardado en decir Partido Popular y Vox, no deja de impregnar el ambiente.