Cadena perpetua

Publicado en Levante de Castellón el 23 de marzo de 2018

Permanente y revisable. Es el nuevo eufemismo para que la derecha más casposa del país siga cerrando la tuerca de los derechos humanos en España. Porque de eso se trata: ir apretando el concepto de libertad que se define por el respeto de los derechos humanos, para sustituirlo por una libertad vigilada, encarcelada y, si es posible, sustituida por el miedo a la inseguridad.

Esa es la palabra clave: miedo. Una sociedad cargada de miedos, es una sociedad dócil y fácilmente manejable. El miedo frente a la libertad es el principio de donde nacen todas las dictaduras, electoralistas o no. Porque visto lo visto, la facilidad con que la propaganda oficial, mediante unos medios de comunicación poderosísimos –cuanto más controlados y al servicio del poder, más poderosos- nos inocula el miedo, aunque sea mediante la construcción falsa de la realidad, hacen de la democracia un sistema secuestrado, temeroso y bobalicón al servicio del poder más conservador y autoritario; me atrevería, incluso, a calificarlo de “demofascista”.

Primero nos quitan el bienestar, mediante reformas económicas y laborales, que sólo tienen como objetivo empobrecer a la mayoría de la población, para que agobiados por los gastos y la pérdida de poder adquisitivo, nadie se atreva a reclamar un reparto de la riqueza más equitativo. Después, convierten el derecho a ejercer la libertad de opinión, expresión y manifestación en un ejercicio de riesgo, que puede acabar con nuestros huesos en la cárcel. En el tercer paso, terminarán con nuestra dignidad, ya están en ello, convirtiéndonos en seres sometidos a un poder capaz de anularnos como personas, que es el último escalón antes de llegar a la esclavitud. Eso sí,  una esclavitud edulcorada por una realidad virtual que nos tiene más secuestrados que nunca.

Toda la campaña que estamos sufriendo sobre la prisión permanente revisable va en esa dirección: crear espacios de miedo en nuestras mentes, generando una falsa realidad de inseguridad, que nos haga aceptar, como borregos dirigidos al corral, medidas cercenadoras de los derechos humanos. De nada sirve que los datos estadísticos desmientan la necesidad de aplicar esas normas regresivas en cuento a seguridad (España es uno de los países europeos con menor índice de criminalidad). El coro de vestales mediáticas ya se encarga de ocultarlas o directamente cuestionarlas, en un ejercicio de cinismo que debería ser objeto de mofa, si no fuera por el peligro que encierra. No hay más que ver los telediarios de la mayoría de las cadenas, dóciles con los dictados del gobierno, convertidos en una mala versión televisiva de El Caso,  por no hablar de la descarada campaña que hace la RTVE, en favor de la cadena perpetua, dedicando minutos y minutos para convencernos de los bondades de una norma que se salta la Constitución a la torera, como siempre que a la derecha nacional  le viene bien, en un acto de propaganda dignos de los más acerados tiempos franquistas.

Pero lo más vergonzoso, lo que produce a muchos urticaria, es la falta de moral democrática y de ética cívica que tienen los Partidos conservadores, utilizando a las víctimas como arietes de sus intereses coercitivos de la libertad. Lo hicieron con las víctimas de ETA, convertidas en corifeos de las políticas antiterroristas del ultraconservadurismo patrio y lo están haciendo ahora con los familiares de víctimas de casos execrables y muy mediáticos. Pero un país no puede dejar el dictado de su código penal en quienes se sienten dolidos por haber padecido la salvajada de asesinos sin escrúpulos. Bueno, no sé si hay algún asesino con escrúpulos.

El criterio penitenciario en España es de reinserción del preso y así ha funcionado con éxito desde que se instauró la democracia. Eso nos diferencia de otras sociedades que sólo buscan la venganza cargada por el odio hacia quien delinque. Así lo recoge nuestra Constitución en su artículo 25.2 y no parece que se hayan dado unas circunstancias de alarma delictiva superior al momento de redacción del texto constitucional, que hagan modificar el criterio de reinserción, más allá del interés de convertir España en un país ajeno a los derechos humanos.

Los argumentos que se esgrimen en favor de la cadena perpetua son torticeros y fundamentados en falsedades. Argumentos que alimentan la creencia de impunidad de los delincuentes, cuestionando el poco rigor de la justicia y la política penitenciaria. Me hago una pregunta ¿En un país con el índice de criminalidad más bajo de Europa, es necesario aplicar medidas regresivas en política penitenciaria? Sinceramente creo que no, al igual que muchos juristas lo creen. Salvo que se pretenda generar un estado de inseguridad generalizada, algo a lo que están contribuyendo generosamente los grandes grupos mediáticos, que como ya he dicho sólo tienen como objetivo inocular el virus del miedo en la sociedad. Un miedo, que se acabará utilizando para reclamar la pena de muerte, con los mismos argumentos, si no se pone remedio.

 La línea entre la libertad y la seguridad, los derechos y el miedo, tiene un tamaño inversamente proporcional al nivel cultural de una sociedad, a la facilidad con la que se deja engañar. Y qué mejor que, en el caso de la prisión permanente revisable, apelar al dolor de los familiares de las víctimas, a la tristeza y la rabia que produce el crimen cuando las víctimas son niños o niñas o jóvenes, para dejarnos llevar empáticamente hacia lo que el poder quiere.

Que otros países tengan legalizada la cadena perpetua no es ningún consuelo, es más, debería ser una prioridad que en España se derogara, volviendo a la situación que establece la Constitución, porque es un signo de civilidad del que deberíamos sentirnos orgullosos. Por tanto, más allá de las campañas de propaganda, de los familiares de las víctimas, del ministro de Justicia y el gobierno en pleno, ha sido una necesidad de higiene democrática lo sucedido hace días en el Congreso: la derrota de las fuerzas ultraconservadoras, aprobando la derogación de la prisión permanente revisable, que se ha tratado de empañar en los fuegos de artificio de un debate parlamentario duro en el que algunos han hecho gala del populismo más faccioso.

La huella de los sentidos. Exposición de Victoria Cano en el MACVAC

Victoria Cano es una artista nacida en Alcalá la Real (Jaén), pero afincada en Valencia desde hace varias décadas, ciudad en la que ha desarrollado su carrera artística, aunque una buena parte de ella esté ligada a Italia. Sin embargo su obra no está sujeta a las reglas del tiempo y el espacio, transcendiendo todo aquello que la mirada física puede abarcar, hacia un mundo construido de sensaciones y belleza, en donde la naturaleza y el hombre/mujer pueden vivir en armonía.  Porque, como ella dice: «La creación artística es pasión y energía en el laberinto de nuestro recorrido por la vida». Pasión que es el motor de la creación artística y energía que está latente en la naturaleza.

Por eso sumergirse en la obra de Victoria Cano en una inmersión sensorial, en un mundo de color casi táctil. Un viaje que va de la naturaleza a las sensaciones que está provoca en nuestro interior. Una mirada introspectiva, que nos hace reflexionar sobre nuestra relación con la entorno, guiada por la belleza que desprenden sus composiciones.

                Ese viaje hacia la esencia de la belleza, «de transformación infinita que no cesa de crearse y extinguirse, recrearse y volverse a extinguir, necesitando de los sentidos y de las huellas que nos dejan», según ella misma expresa, es para Victoria Cano una necesidad de cerrar los ojos y, por tanto, no ver, sino mirando al interior. Ese viaje se puede hacer, vivir, sentir, en la exposición que Victoria Cano tiene instalada en el MACVAC (Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cernir de Vilafamés), hasta el 16 de mayo de este año. Pura energía de la naturaleza, transmitida mediante el color y la pasión de la artista, que haciendo gala de su título nos dejará huella en los sentidos.

Pensiones. La nueva estafa

Publicado en Levante de Castellón el 16 de marzo de 2018

La gran mentira de los últimos años, la que nos están inoculando desde el poder que lo controla todo, es que no va a haber dinero para pagar las pensiones, por culpa de empeñarnos vivir más de la cuenta, engrosando los tramos envejecidos de la pirámide de población.

                Expertos, tertulianos, economistas, debates organizados por medios de comunicación, thing tank, ministros (ellos y ellas), el Superman que responde al nombre de Albert Rivera (ahora líder del movimiento feminista), y un largo etcétera, están casi todos empeñados en convencernos que el sistema público de pensiones es inviable a medio y largo plazo.

                Pero la raíz del problema, de la que casi nadie habla, está en la ingente transferencia de fondos públicos que el actual capitalismo empobrecedor está realizando a fondos privados. Una descapitalización generalizada de los servicios públicos del Estado de la que  no es ajena el sistema público de pensiones, que nos está conduciendo a una deliberada crisis de la previsión social, que debe garantizar nuestras pensiones. De ahí la insistencia en que suscribamos planes privados de pensiones, que acaben vaciando al Estado como regulador de la economía y garante del bienestar social, que como todos ustedes saben, es el fin último de capitalismo liberal, venido arriba en los últimos años.

                Nos hablan de los altos costes que supone el pago de las pensiones por el envejecimiento de la población. Sin embargo, tratan de pasar de puntillas por la merma de los ingresos que está habiendo, como producto de las políticas laborales que se están implantando en el mercado de trabajo. Porque, realmente, el verdadero problema no es de gastos, sino de ingresos. El Estado tiene la obligación de asegurar pensiones dignas y para ello optimizar y poner en marcha los recursos necesarios que aseguren la solvencia del sistema público. Justo lo contrario que se viene haciendo, al penalizar a los pensionistas, con medidas que sólo tienen como objetivo reducir sus ingresos, ya sea desvinculándolas del IPC, precarizando los salarios o aplicando medidas tan absurdas como el criterio de sostenibilidad, que no es otra cosa que castigarnos por vivir más de lo que el capitalismo cree que deberíamos.

                Ya hemos hablado, en otro momento, de propuestas para aumentar los ingresos: salarios dignos, acabar con la precarización laboral, que las cotizaciones se correspondan a los ingresos de cada cual, que las empresas sin trabajadores, de millonarios beneficios, también coticen a la seguridad social…, en fin una etcétera largo. Pero me gustaría hoy hacer incidencia en un asunto del que casi  nadie habla y que está directamente  relacionado con el descenso de las cotizaciones a la Seguridad Social: la disminución de puestos de trabajo en todos los sectores productivos y de servicios como consecuencia de la mecanización, informatización, digitalización y robotización del  mundo laboral.

                Mientras el PIB en las últimas décadas ha aumentado exponencialmente, el empleo no se ha comportado de la misma manera, haciendo hoy que la plena ocupación sea una quimera, sino se modifican los criterios de reparto del trabajo actuales. Si en 1970, el PIB español era de 40.000 MM de dólares, en 2016 era de 1.2 billones de dólares. Como podemos ver, el crecimiento de la economía española ha sido considerable en estas décadas. Sin embargo, la ocupación no ha tenido su correspondencia en estos años, no llegando, ni siquiera, a duplicarse. En buena lid, tanto crecimiento habría tenido que absorber todo el empleo que se hubiese demando en España. ¿Qué ha pasado, entonces? Sin en 1970, hacían falta en un banco, por ejemplo, 1.000 trabajadores, hoy con 50 se apañan. Lo mismo pasa en la industria, en la agricultura, y en la gran mayoría de sectores productivos del país. Las máquinas, la informática, la robotización, la digitalización de la sociedad, han derivado en que hagan falta menos trabajadores/as para producir más y ganar mucho más.

                En el asunto de las pensiones, esto tiene unos efectos demoledores, teniendo en cuenta que el sistema de la Seguridad Social se sostiene por cotizaciones de trabajadores. Si hay menos trabajadores/as, hay menos cotizaciones, y es la pescadilla que se muerde la cola. De ahí que muchos, cada vez más, estén proponiendo un nuevo modelo de ingresos, capaz de garantizar a futuro unas pensiones dignas. Cabría preguntarse ¿cuántas cotizaciones se han dejado de cobrar por la sustitución de trabajadores/as por máquinas?

                 Los empresarios saben esto y los gobiernos también, pero no quieren ni oír hablar de ello. Vale que se estén ahorrando millones de puestos de trabajo (la robotización de la sociedad es un fenómeno imparable, que no vamos a discutir aquí), pero que también se embolsen la Seguridad Social, es un agujero insoportable para el sistema. Hacer que las máquinas coticen en función de los trabajadores/as que ahorran, no es un disparate, teniendo en cuenta que cada vez van a ocupar más puestos de trabajo. Es una manera de garantizar que el sistema sea sostenible y pagado por los grandes beneficiarios de un modelo de producción que generan ingentes beneficios económicos, a costa del empleo. En otro momento hablaremos del mercado laboral y cómo se tiene que repartir el trabajo.

                Dinero para las pensiones hay, es cuestión de distribuir la riqueza más equitativamente, y que cada uno asuma los costes que tiene que asumir. Otra cosa es que el nuevo/viejo capitalismo quiera acapararlo todo para él. Entonces, los planes de pensiones privados serán una opción de ahorro, para el que se lo pueda permitir, no una obligación para poder tener una pensión digna. Pero para eso tiene que haber gobiernos decididos en cambiar el modelo de financiación de la Seguridad Social, que garantice la sostenibilidad del sistema, con pensiones dignas. 

Pensiones

Publicado en Levante de Castellón el 2 de marzo de 2018

Definitivamente la derecha económica y patriótica ha pasado de las palabras a los hechos.  Después de varias décadas intentando convencernos de las bondades de los planes de pensiones privados y amenazando con que no tienen futuro, porque no va a haber dinero, ha pasado a la destrucción del sistema público de pensiones por la vía directa, que no es otra que reducir los salarios, para que coticemos menos, ergo cobremos menos pensión, y convertir la vida laboral de hombres y, sobre todo, mujeres, en una montaña rusa, que va  a hacer imposible que se tengan cotizados los años necesarios, para tener una pensión digna.

                Lo bueno es que hasta que llego M. Rajoy y su gobierno, que pasará a la historia como el destructor de la convivencia democrática en España, campeón de la desigualdad social y de género, todas las invectivas del capitalismo  afín a la ultraliberal Sociedad Mont Pelerin y otros think than  apóstoles del capitalismo salvaje, iban dirigidas hacia las pensiones futuras, con el único fin de que los trabajadores/as suscribiéramos un plan de pensiones privado, una operación que suponen una de las mayores transferencias de dinero público a los bolsillos privados de las grandes corporaciones financieras del mundo.

                Pero el afán depredador del gran capitalismo no tiene límites y tarde o temprano tenía tocarle el turno a las pensiones actuales. Las escusas vuelven a ser peregrinas y  torticeras: Somos muchos y no hay dinero para pagar a tantos, que además viven más de la cuenta (ya saben ustedes: o nos morimos cuando al sistema le va bien o los años que vivamos de estrambote lo vamos a pasar mal). Blanco y en botella: No tienen intención de meter más dinero en la hucha de las pensiones.

Otro sí: El dinero de la hucha de las pensiones no está en una cuenta, sino invertido en deuda. Hasta ahí todo bien, porque se le sacaba una rentabilidad. Otra cosa es que en el año 2016 los 15.000 MM € que quedaban se invirtieron en deuda pública española con intereses negativos. Es decir, mientras el gobierno amnistiaba fiscalmente a todos los chorizos fiscales de este país, se gastaba el dinero del fondo de las pensiones, que es de todos los trabajadores, en financiar sus políticas de desigualdad, con pérdidas ya de entrada.

                Nos dicen que no hay dinero para pagar tanta pensión y que, en palabras de M. Rajoy, tenemos que ahorrar para costearnos las pensiones y la educación de nuestros hijos. No es una amenaza, está dicho por el presidente del gobierno, y el mecanismo de más empobrecimiento y desigualdad ya está en marcha. ¿Pero realmente alguien sé cree que no hay dinero para pagar las pensiones actuales y futuras?  Desde luego, mientras la derecha liberal (PP, CIUDADANOS y algún sector despistado de PSOE) siga gobernando, no lo habrá. Así de claro, hay que decirlo, para que luego no tengamos que rasgarnos las vestiduras. Pero dinero sí hay. Al final es una cuestión de cómo se reparten los gastos y el peso de los ingresos.

                Aquí está la cuestión. A parte de que los corruptos devuelvan lo robado, que ya sería suficiente para restituir la hucha de las pensiones; que los ricos y las grandes empresas paguen impuestos; que se luche con decisión contra el fraude fiscal y se reorganice la fiscalidad del país, para que todos paguemos según ganamos y tenemos. A parte de esto y otras muchas cosas, si el gobierno, de verdad, quiere asegurar un sistema público de pensiones, debería empezar a mandar al Congreso leyes (aunque esto sea pedirle que nos traigan un trozo de la luna), que mejoren los ingresos de la Seguridad Social, que es donde está el problema y no en el gasto.

Hay muchas posibilidades: 1) Destopar las cotizaciones que los salarios más altos paguen, algo que hoy no ocurre, por lo que se podría aumentar la cotización en más de 8.500 MM € al año. 2) Hacer que las empresas sin trabajadores, algunas con pingües beneficios, coticen a la Seguridad Social. 3) Aumentar los salarios, lo que tendría un doble efecto: mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as y aumentar los ingresos para las pensiones. 4) Reponer la protección a los parados, para que desde los 52 años, vuelvan a cotizar sobre bases dignas (es vergonzoso que el Servicio Público de Empleo Estatal haya tenido un superávit de 4.000 MM € en los años 2016, 2017). 5) Qué todo el dinero recaudado en cotizaciones vaya, única y exclusivamente, a pagar pensiones, y no a gastos extemporáneo que el gobierno se saque de la manga. Seguro que hay más medidas con las que conseguir aumentar los ingresos, doctores tiene la Iglesia. Y si no, queda establecer un impuesto específico, que garantice el cobro de unas pensiones dignas a presente y a futuro.

                Por último. Está claro que mientras gobierne la derecha todo esto son brindis a sol.  Por ello, debemos mentalizarnos de dos cosas: 1) Es necesario ya una movilización constante de la sociedad, con los pensionistas a la cabeza, que tenga como único objetivo la salvaguarda de las pensiones públicas y el aumento del poder adquisitivo de estas. 2) En nuestra mano: pensionistas, casi pensionistas, jóvenes, hombres, mujeres y trabajadores/as en general, tenemos la llave, y no es otra que sólo dar nuestro apoyo electoral a quienes se comprometan a que las pensiones vuelvan a ser un derecho, que hemos costeado nosotros mismos,  para tener un vida diga y cómoda cuando nos jubilemos.