El
21 de mayo de 1940, fueron fusilados por el gobierno de Franco junto al Riu Sec
de Castellón, a la entrada del cementerio, el alcalde de Burriana Salvador
Moliner Nadal, el de Villarreal Pascual Cabrera Quemados y el del Chilches José
Díaz Rosell, por el único delito de ser alcaldes republicanos, enemigos para el
nuevo estado fascista que se imponía en España, a los que había que exterminar,
en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, por
la que se buscaba «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a
forjar la subversión». No fueron los únicos fusilados en esa fecha de 21 de
mayo de 1940, les acompañaron otros 25 republicanos, a los que también se les
consideró un peligro para la patria. En total, durante el periodo entre 1938 y
1944, fueron fusilados sólo en Castellón, apelando a la Ley de 1939, 1013
personas, según los datos conocidos por la Enciclopedia de la Memoria
Histórica, aunque, posiblemente, falten muchas más, ya que estos son los casos
que los familiares han dado a conocer, ignorándose el número real.
Esta
introducción viene a colación de las normas que algunas comunidades autónomas,
en donde la extrema derecha tiene representación en cargos de gobierno, están
aprobando, bajo el eufemismo de Leyes de la Concordia, que sólo tienen como
objetivo blanquear la dictadura franquista y negar la evidencia de la
existencia de miles de represaliados del y por el franquismo, no sólo fusilados,
sino también depurados, torturados, encarcelados, mujeres a las que robaron sus
hijos, etc., y embarrar en un fango de olvido a las víctimas de la dictadura, equiparándolas
a las de la República (?), la guerra civil, y el terrorismo (como si estas
últimas no tuvieran ya un reconocimiento explícito por el Estado y la sociedad).
Tratar
de diluir las responsabilidades de la represión planificada del franquismo contra
todos los que él consideraba enemigos, por mucho que los acusaran de enemigos
de España, con las víctimas de la República, demuestra una ignorancia supina de
la Historia, o lo que es peor un intento de retorcer la verdad histórica para
ocultar una realidad que no les resulta cómoda. La República, como Estado,
nunca ordenó la represión planificada de sus enemigos (eliminando de esta
aseveración la locura que se desató en los dos bandos en el periodo de guerra),
salvo quizá, en el periodo más negro que supuso el bienio en el que gobernaron
las derechas con la CEDA a la cabeza entre 1934 y 1936, cuando encarcelaron y
reprimieron a fuego a miles de trabajadores y sus dirigentes después de los
sucesos de Asturias. Ignoro si cuando hablan de las víctimas de la República
incluyen también a estos, o al ser “rojos”, no se merecen el reconocimiento
como víctimas, en su huida hacia adelante para que el lado más negro y sucio
del franquismo siga oculto bajo las alfombras de la historia, que durante ya
demasiado tiempo han negado la evidencia, hasta convertirse en la gran
asignatura pendiente de la democracia española, una vez que la Transición pasó
de puntillas por este asunto y la Ley de Amnistía de 1977 inhabilitó a futuro
cualquier exigencia de responsabilidades a verdugos de hecho y de derecho, por
la represión de los años de dictadura. Una situación, que al día de hoy
seguimos pagando, no tanto por la tardanza en hacer justicia sobre aquellos que
sufrieron el trauma de un Estado dictatorial que les negó la posibilidad de una
existencia digna, cuando no los mató directamente, sino porque el fin de la
dictadura franquista no fue un punto final, que habría posibilitado a la
democracia emergente nacer y desarrollarse sin el lastre del franquismo colgado
siempre a su espalda. Y aunque quizá, en esos momentos no hubiera otro camino o
eso dijeron, tiempo ha habido para romper con ese pasado y avanzar por un
sistema libre de ataduras franquistas, y de una élite sociopolítica muy
vinculada por herencia ideológica y/o intereses económicos y políticos a la
dictadura, todavía hoy, casi cincuenta años después de la muerte del dictador.
Por eso no es de extrañar el ascenso de un partido fascista como Vox y la
contaminación que está produciendo en una parte de la derecha española.
Lo
que resulta deprimente es que en España no tengamos una derecha plenamente
democrática, capaz de asumir que el fascismo y la democracia son incompatibles,
y que una de las premisas de los partidos neofascistas que están surgiendo en
los últimos tiempos, es la eliminación de la democracia. La derecha española
debe hacer su reflexión democrática, para no convertirse en un títere arrastrado
por los postulados de la extrema derecha. Porque es necesaria y fundamental en
el desarrollo democrático del país, ya sea más liberal o más conservadora. Pero
lo que deben tener claro es que no hay cabida para la ultraderecha fascista en
una democracia. El país iría mejor si se alejaran de partidos como Vox y
profundizaran en un espíritu democrático que ahora están perdiendo. A la propia
derecha le iría mejor, al mostrarse menos ultramontana y más conciliadora con
una ciudadanía de sentimientos moderados que les da la espalda y unos partidos
políticos de su ámbito ideológico, con los que les resulta imposible llegar a
acuerdos si no se desvinculan de la extrema derecha.
A
pesar de su tibieza con el franquismo, la derecha democrática española no se
habría planteado la aprobación de leyes que no tienen otro fin que acabar con
la memoria histórica de un pasado no tan lejano, que convirtió a España en uno
de los países más crueles y represivos con sus ciudadanos y ciudadanas de la
segunda mitad del siglo XX. Esta evidencia, que no se puede negar en la
historia, se trata de negar en la política, por imposición de la ultraderecha,
conduciendo a España al ridículo, a que la ONU haga un informe durísimo por la
falta de empatía hacia las víctimas del franquismo y sus intentos de
naturalizarlo y a la posibilidad de tener que afrontar, como país, algún tipo
de sanción internacional.
El
problema no es la ONU ni las organizaciones de la memoria histórica ni de quien
trata de cerrar las heridas del pasado haciendo justicia a las víctimas ni, por
supuesto, de las víctimas. Es un problema sobrevenido por unas leyes
autonómicas, que jamás, en un país democrático, se debería haber ni siquiera
planteado, no digo ya aprobado. Unas leyes que deben ser revocadas para
restablecer la normalidad democrática.
Para
terminar, si la derecha democrática reconociera la reparación que reclaman los descendientes
de las víctimas del franquismo, no sólo estarían adoptando una posición de
reparación histórica, sino que acabaría recuperando, quizá, el apoyo de muchos
de esos descendientes, porque esa idea absurda de que ser republicano exige ser
de izquierdas y que todas las derechas son monárquicas, ni tiene razón histórica
que la sustente ni obedece a la realidad, ni antes ni ahora.