Las víctimas del franquismo, una piedra en el zapato de la derecha democratica

 

El 21 de mayo de 1940, fueron fusilados por el gobierno de Franco junto al Riu Sec de Castellón, a la entrada del cementerio, el alcalde de Burriana Salvador Moliner Nadal, el de Villarreal Pascual Cabrera Quemados y el del Chilches José Díaz Rosell, por el único delito de ser alcaldes republicanos, enemigos para el nuevo estado fascista que se imponía en España, a los que había que exterminar, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, por la que se buscaba «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión». No fueron los únicos fusilados en esa fecha de 21 de mayo de 1940, les acompañaron otros 25 republicanos, a los que también se les consideró un peligro para la patria. En total, durante el periodo entre 1938 y 1944, fueron fusilados sólo en Castellón, apelando a la Ley de 1939, 1013 personas, según los datos conocidos por la Enciclopedia de la Memoria Histórica, aunque, posiblemente, falten muchas más, ya que estos son los casos que los familiares han dado a conocer, ignorándose el número real.

Esta introducción viene a colación de las normas que algunas comunidades autónomas, en donde la extrema derecha tiene representación en cargos de gobierno, están aprobando, bajo el eufemismo de Leyes de la Concordia, que sólo tienen como objetivo blanquear la dictadura franquista y negar la evidencia de la existencia de miles de represaliados del y por el franquismo, no sólo fusilados, sino también depurados, torturados, encarcelados, mujeres a las que robaron sus hijos, etc., y embarrar en un fango de olvido a las víctimas de la dictadura, equiparándolas a las de la República (?), la guerra civil, y el terrorismo (como si estas últimas no tuvieran ya un reconocimiento explícito por el Estado y la sociedad).

Tratar de diluir las responsabilidades de la represión planificada del franquismo contra todos los que él consideraba enemigos, por mucho que los acusaran de enemigos de España, con las víctimas de la República, demuestra una ignorancia supina de la Historia, o lo que es peor un intento de retorcer la verdad histórica para ocultar una realidad que no les resulta cómoda. La República, como Estado, nunca ordenó la represión planificada de sus enemigos (eliminando de esta aseveración la locura que se desató en los dos bandos en el periodo de guerra), salvo quizá, en el periodo más negro que supuso el bienio en el que gobernaron las derechas con la CEDA a la cabeza entre 1934 y 1936, cuando encarcelaron y reprimieron a fuego a miles de trabajadores y sus dirigentes después de los sucesos de Asturias. Ignoro si cuando hablan de las víctimas de la República incluyen también a estos, o al ser “rojos”, no se merecen el reconocimiento como víctimas, en su huida hacia adelante para que el lado más negro y sucio del franquismo siga oculto bajo las alfombras de la historia, que durante ya demasiado tiempo han negado la evidencia, hasta convertirse en la gran asignatura pendiente de la democracia española, una vez que la Transición pasó de puntillas por este asunto y la Ley de Amnistía de 1977 inhabilitó a futuro cualquier exigencia de responsabilidades a verdugos de hecho y de derecho, por la represión de los años de dictadura. Una situación, que al día de hoy seguimos pagando, no tanto por la tardanza en hacer justicia sobre aquellos que sufrieron el trauma de un Estado dictatorial que les negó la posibilidad de una existencia digna, cuando no los mató directamente, sino porque el fin de la dictadura franquista no fue un punto final, que habría posibilitado a la democracia emergente nacer y desarrollarse sin el lastre del franquismo colgado siempre a su espalda. Y aunque quizá, en esos momentos no hubiera otro camino o eso dijeron, tiempo ha habido para romper con ese pasado y avanzar por un sistema libre de ataduras franquistas, y de una élite sociopolítica muy vinculada por herencia ideológica y/o intereses económicos y políticos a la dictadura, todavía hoy, casi cincuenta años después de la muerte del dictador. Por eso no es de extrañar el ascenso de un partido fascista como Vox y la contaminación que está produciendo en una parte de la derecha española.

Lo que resulta deprimente es que en España no tengamos una derecha plenamente democrática, capaz de asumir que el fascismo y la democracia son incompatibles, y que una de las premisas de los partidos neofascistas que están surgiendo en los últimos tiempos, es la eliminación de la democracia. La derecha española debe hacer su reflexión democrática, para no convertirse en un títere arrastrado por los postulados de la extrema derecha. Porque es necesaria y fundamental en el desarrollo democrático del país, ya sea más liberal o más conservadora. Pero lo que deben tener claro es que no hay cabida para la ultraderecha fascista en una democracia. El país iría mejor si se alejaran de partidos como Vox y profundizaran en un espíritu democrático que ahora están perdiendo. A la propia derecha le iría mejor, al mostrarse menos ultramontana y más conciliadora con una ciudadanía de sentimientos moderados que les da la espalda y unos partidos políticos de su ámbito ideológico, con los que les resulta imposible llegar a acuerdos si no se desvinculan de la extrema derecha.    

A pesar de su tibieza con el franquismo, la derecha democrática española no se habría planteado la aprobación de leyes que no tienen otro fin que acabar con la memoria histórica de un pasado no tan lejano, que convirtió a España en uno de los países más crueles y represivos con sus ciudadanos y ciudadanas de la segunda mitad del siglo XX. Esta evidencia, que no se puede negar en la historia, se trata de negar en la política, por imposición de la ultraderecha, conduciendo a España al ridículo, a que la ONU haga un informe durísimo por la falta de empatía hacia las víctimas del franquismo y sus intentos de naturalizarlo y a la posibilidad de tener que afrontar, como país, algún tipo de sanción internacional.

El problema no es la ONU ni las organizaciones de la memoria histórica ni de quien trata de cerrar las heridas del pasado haciendo justicia a las víctimas ni, por supuesto, de las víctimas. Es un problema sobrevenido por unas leyes autonómicas, que jamás, en un país democrático, se debería haber ni siquiera planteado, no digo ya aprobado. Unas leyes que deben ser revocadas para restablecer la normalidad democrática.

Para terminar, si la derecha democrática reconociera la reparación que reclaman los descendientes de las víctimas del franquismo, no sólo estarían adoptando una posición de reparación histórica, sino que acabaría recuperando, quizá, el apoyo de muchos de esos descendientes, porque esa idea absurda de que ser republicano exige ser de izquierdas y que todas las derechas son monárquicas, ni tiene razón histórica que la sustente ni obedece a la realidad, ni antes ni ahora.