Publicado en Levante de Castellón el 26 de octubre de 2018
Apuntes para un aniversario. Hay un tema recurrente en la política
española, que surge y desaparece dependiendo de las urgencias de la coyuntura
política. Se trata de las Diputaciones y el papel que juegan o no juegan en el
mapa del reparto de poder y gestión administrativa del Estado. Es una asunto
complicado, porque si es cierto que durante muchas décadas, desde el siglo XIX,
han sido un foco de corrupción y caciquismo, que la Transición no supo o no
quiso abordar, en la actualidad pueden llegar a cumplir un papel importante en
el desarrollo de lo que se denomina la España Rural.
La
Constitución de 1978 consagró la provincia como “entidad local con
personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” (art.
141 de la Constitución), siendo las Diputaciones la entidad de gobierno de las
provincias. Pero la aparición de las Comunidades Autónomas descafeinó su
función, convirtiéndolas en un organismo de colaboración menor con los
ayuntamientos, en permanente colisión de funciones con los gobiernos
autonómicos. Además, no son pocas las Diputaciones que durante años han sido un
foco de clientelismo del Partido que las gobernaba o del cacique provincial.
Esto y la permanente pelea para
acaparar poder, por parte de las diferentes administraciones del Estado:
administración central, autonomías, grandes ayuntamientos, han convertido a la mayoría de las
Diputaciones en papel mojado al servicio de los intereses partidarios, sin
conexión alguna con la ciudadanía. Sin embargo, frente a quienes sostienen que
son un ente inservible, habría que preguntarse ¿inservibles, para qué o para
quién?
En un momento de grave
despoblación rural que está sufriendo España, toda sin excepción, las
Diputaciones deberían tener un papel relevante en la solución del problema, o
por lo menos en su minimización. Si como ya se ha expuesto en otro artículo
publicado en este periódico (Levante de Castellón, 12 de octubre de 2018), el
problema de la despoblación rural se debe a la falta de infraestructuras,
servicios y buenas comunicaciones, entre otros, la Diputaciones son esa parte
de la administración cercana a los ayuntamientos y buenas conocedoras de los
problemas existentes en cada provincia.
A nadie se le escapa, que la
vida en las poblaciones rurales sería mucho más difícil sin la intervención de
la Diputación, en todos los aspectos: social, económico, laboral, cultural,
sanitario, etc. Solventado, o en vías de terminar con él, el grave problema que
durante años han tenido de caciquismo, una nueva política de desarrollo hacia
el medio rural daría sus frutos. Pero no es suficiente. Las Diputaciones necesitan
una reforma política que las dote de unas competencias definidas en el ámbito
rural, donde tienen mayor capacidad de intervención y son más necesarias.
Ese es el reto: luchar con todas
sus capacidades contra la despoblación rural en todas sus manifestaciones, para
que los habitantes del campo o la montaña o la costa, no se sientan ciudadanos
de segunda, con competencias y financiación que las den autoridad para
solucionar el problema. Pero también en colaboración con otras
administraciones, sobre todo la autonómica, que debe ser consciente, de que el
fin último de su existencia es mejorar la vida de los habitantes de su región.
El cuarenta aniversario de la
Constitución no debe ser un canto de sirena a la carta magna ni un cierre de
filas para que permanezca inmutable en el tiempo, porque si esa es la intención,
acabará siendo papel mojado y, por tanto, una Ley inservible. Más bien al
contrario, hay que abrir el texto a los nuevos retos que tiene planteada la
sociedad española del siglo XXI, y uno de esos retos es otorgar a cada
administración el papel que le corresponde. Y que duda cabe, que las
Diputaciones tienen un importante cometido como representantes del Estado en el
ámbito rural y así se debe reconocer.
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