Un país no puede vivir instalado en el castigo permanente de aquellos que han colaborado durante años al sostenimiento del Estado con su trabajo y se ven expulsados del mercado laboral por la edad y por un capitalismo cada vez más salvaje, que solo piensa en la optimización del beneficio, excluyendo a quienes ya no les interesa para aumentar las ganancias.
Un país avanzado en bienestar y empático
con sus ciudadanos, se sentiría avergonzado cuando se penaliza de por vida la
pensión de aquellos que más años han contribuido al sostenimiento del sistema
de previsión social, con largas carreras profesionales y años de cotización.
Sin embargo, en España esto es lo
que está pasando. Llegados a la cincuentena se expulsa a cientos de miles de trabajadores
y trabajadoras de sus profesiones, con una posibilidad mínima de volver a
trabajar y después se les castiga a perpetuidad penalizando sus pensiones, en
algunos casos con elevadas cuantías.
¿Es de justicia, que cuando una
persona se jubila anticipadamente, habiendo cotizado lo que Ley exige para
cobrar el 100% de la pensión que le corresponda, se le penalice? Si además
tenemos en cuenta que la gran mayoría se tiene que jubilar anticipadamente por
haber sido apartado del mercado de trabajo, la contestación no puede dar margen
a la duda. A pesar de que muchos, desde el poder, intenten hacernos creer que
si se corrige esa discriminación histórica, el sistema se resentiría, porque tiene
unos graves desequilibrios financieros entre ingresos y gastos.
A este respecto, me gustaría hacer
alguna observación. En un sistema de ingresos de la Seguridad Social basado en
las cotizaciones por trabajadores y trabajadoras, en los últimos 70 u 80 años
de expansión de la mecanización e informatización del trabajo, ¿cuántos
cotizantes han dejado de serlo al sustituirles una máquina? ¿Cuántos ingresos
ha dejado de tener la Seguridad Social al haber menos cotizantes? ¿Cuántos beneficios
ha ido acumulando el capital al ahorrarse miles de salarios y cotizaciones?
Quizá, si se plantearan cotizaciones por las máquinas o por la producción que
estás realizan, mucho más elevada que la humana, a lo mejor la Seguridad Social
no tenía tantos problemas de ingresos. Pero claro, esto supondría empezar a distribuir
la riqueza de otra manera, menos acumulativa en pocas manos y más repartida en
la sociedad. Y llegamos al final del hilo de Ariadna de este laberinto: los
planes de pensiones privados, ese negocio multimillonario que ha convertido a algunos
fondos en auténticos dueños de la economía mundial, se vendrían abajo. Es muy
sencillo: un buen sistema de pensiones públicas, reduce la necesidad de
contratar un plan de pensiones privado; eso para el que pueda.
Porque detrás de esa injusticia
retributiva a la que se somete a las jubilaciones anticipadas, hay un mensaje,
del que tristemente también participan gobiernos de izquierda: contrata un plan
privado de pensiones para tu jubilación, porque nosotros estamos haciendo todo
lo posible para que tu pensión sea cada vez más baja. Me remito a que siempre que
se hace una reforma de la Seguridad Social es para reducir o castigar la pensión
pública. No se trata de que nos
jubilemos más tarde y con pensiones más bajas, sino todo lo contrario, se debería
facilitar la incorporación al mercado laboral de los jóvenes, incentivando que
los mayores se jubilen sin castigos. Pero eso es hacer las cosas en beneficio
de la mayoría.
Volviendo al inicio. El ministro
de Seguridad Social y el gobierno, deberían dejar de tomar el pelo a quienes
están siendo castigados por haberse jubilado anticipadamente teniendo largas
carreras de cotización. No solo es injusto, sino que es meditadamente perverso.
Solo hay una solución, si es que todavía piensan que una democracia es un
sistema político que busca la equidad, la justicia y el bienestar de sus
ciudadanos: despenalizar las jubilaciones anticipadas para quienes han cotizado
más de 40 años y quienes no hayan cotizado tanto, pero sí lo hayan hecho por el
tiempo que marca la Ley para cobrar el 100%, no se les penalice de por vida,
sino que cobren la pensión integra cuando cumpla la edad de jubilación que legalmente
les corresponde. No es una cuestión
económica, sino política.
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