Otra vez a vueltas con el precio de la electricidad. Un asunto recurrente en nuestro país, que desde hace años ha convertido el coste del recibo de la luz en uno de los más caros de Europa, teniendo en cuenta que los salarios en España son sustancialmente menores que el de nuestros vecinos franceses, alemanes o italianos, por poner un ejemplo. El debate vuelve a estar servido, pero las grandes eléctricas, una vez más saldrán indemnes, como siempre sucede, hasta la próxima gran subida, sin que nadie haga nada por remediarlo, salvo poner algún que otro parche, puesto por el gobierno de turno de cara a la galería.
Cabe imaginar que los motivos que
hacen intocables a las eléctricas en España son varios, entre ellos, y no
menor, las puertas giratorias que han acomodado en su seno a todo tipo de
ministros y gobernantes: Aznar, Felipe González, Ángel Acebes, Luis de Guindos,
Elena Salgado, Pedro Solbes, Miquel Roca, etc., etc. A nadie se le puede
escapar que esta connivencia entre la clase política y las empresas energéticas
es un obstáculo, parece que insalvable, que impide terminar con el monopolio,
de facto, que ejercen en el mercado y los precios. Recientemente el exministro José
Manuel Soria, ha reconocido que Iberdrola manipuló los precios de la
electricidad en el año 2013. No creo que sea un caso aislado.
En España el recibo de la luz es
un disparate que solo tiene como beneficiarias a las compañías eléctricas, por
muchos planes y ofertas que hagan a los consumidores. No solo por el precio
fluctuante de la electricidad en el mercado mayoritario, en un sistema de
subastas que convierte a los usuarios en comparsas de la avaricia del mercado
eléctrico. Además, es que se pagan unos peajes difícilmente justificables. Por
ejemplo, ese invento denominado “beneficios caídos del cielo”, un dislate fuera
del sentido común que nadie hace por frenar. Concretamente, se trata de 3.000
millones de euros que reciben las eléctricas al pagar la electricidad producida
por las centrales nucleares e hidráulicas al precio del gas natural en el
mercado mayorista, siempre más alto, entre otras cosas porque esas centrales ya
tiene amortizada la inversión que se hizo en su momento, lo que reduce,
sustancialmente, el coste de la electricidad que producen. ¿Y quién paga esto?
Los consumidores.
Pero lo más grave es que el
gobierno dice que no puede actuar y acabar con este robo que se nos hace
anualmente. ¿No puede o no quiere? ¿Cuánto poder tienen estas compañías para
que ningún gobierno se atreva a meterles mano? ¿Acaso un gobierno no debería
actuar siempre en nombre del bien común? Parece que el beneficio de la sociedad
no entra en la ecuación del beneficio de las energéticas consentido por los
gobiernos.
Curioso. La única solución que se
les ocurre a los que nada tienen que objetar con el dominio de los precios
impuestos por las eléctricas, es que el gobierno baje los impuestos que se
aplican al recibo. No que reduzcan sus beneficios astronómicos las compañías.
No. La ocurrencia del neoliberalismo es que esa reducción del recibo la
paguemos nosotros, todos los españoles, porque al bajar impuestos disminuye la
recaudación del estado y, por tanto, los servicios. Axioma neoliberal de libro.
Hay otra solución: la creación de
una empresa pública de electricidad. Anatema, porque este país renunció hace
mucho tiempo a que el estado ejerciera de regulador de la economía, cuando
liquidó todas lss empresas públicas en nombre de la libertad de mercado, con
todas sus consecuencias nefastas para la población. La libre competencia lo
único que Ha hecho es subir los precios de servicios esenciales como a
electricidad.
España, siempre más papista que
el Papa, y da igual el gobierno que esté. Lo que deberían explicar es por qué
aquí no puede haber una empresa pública de electricidad y en Europa sí: el 62%
de las empresas eléctricas de la OCDE son públicas, o participadas por las instituciones
del estado, mientras que en España solo
el 5% de la energía que se genera es de producción pública. Algunos ejemplos:
En Francia la Électricité de France es propiedad del Estado en un 83,65%; por
cierto primer productor y distribuidor de electricidad en Europa y segundo del
mundo. En Alemania, las instituciones públicas tienen un 56% de la empresa RWE,
segunda compañía eléctrica del país. En Italia, el Estado es el accionista
mayoritario de la empresa ENEL, la mayor del país y propietaria en España de
ENDESA. Curiosamente en todos estos países y la mayoría de Europa la
electricidad es más barata que en España.
Los consumidores españoles nos
merecemos algo más que buenas palabras
para poner freno a este disparate y ahora es el momento, cuando el gobierno
anuncia una transición energética hacia las energías renovables, que sería
bueno no se hiciera solo desde la barrera de la ley, algo que las grandes
compañías son maestras en saltarse, sino interviniendo en la producción y la
distribución con una empresa pública, que pusiera coto a la situación de
privilegio actual y “hago lo que me da la gana” de las grandes eléctricas.
Claro que eso supondría la renuncia de los políticos a entrar por la puerta
giratoria de alguna de estas compañías.
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