Me gustaría
preguntar al comisario europeo
de Justicia Didier Reynders, si es habitual que la Comisión
Europea pregunte sobre actuaciones que no afectan para nada ni al funcionamiento
interno de la UE ni vulneren derechos cívicos de sus ciudadanos. También, si la
Comisión preguntó a Italia, cuando el gobierno de Berlusconi amnistió a defraudadores
fiscales; o a España, cuando el gobierno de Rajoy hizo lo mismo que Berlusconi.
Tampoco hay noticias de que se pidieran explicaciones por la amnistía que en
Portugal se ha concedido, recientemente, con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud, presidida por el Papa Francisco este año; o que Francia tuviera que
responder a carta alguna enviada por el comisario de turno por las dos últimas
amnistías de los años 1990 y 2002. Tampoco tenemos noticia de que se preguntara
a Alemania por la amnistía de rehabilitación que concedió en 2009.
Parece un
poco extraño, entonces, que ahora en pleno desenfreno político de la derecha
contra la futura Ley de Amnistía (aunque sigo pensando que lo que mueve al
Partido Popular y Vox es impedir, por los medios que sean, la investidura de
Pedro Sánchez, y que la amnistía es una excusa), el comisario Reynders envíe
una carta a España expresando “serias
preocupaciones en relación con los debates en curso sobre la posible adopción
de una ley de amnistía”. Lo que nos puede hacer pensar que el
comisario lo que está haciendo es tomar postura favorable hacia su familia
liberal política en Europa, excediéndose de sus atribuciones al abandonar la honestidad
que se debe suponer a la Comisión Europea en su trato con los diferentes países
que componen la UE. Lo que debería ser objeto de cese inmediato o dimisión.
Y ya
puestos a preguntarnos debería explicar por qué no se ha interesado en saber
cómo puede afectar a los derechos civiles y ciudadanos que un partido fascista
como Vox esté entrando en los gobiernos de la mano del Partido Popular. Eso si
que debería ser un motivo de preocupación, por las consecuencias que puede
tener en el espíritu democrático de la Unión Europea. O por qué el Partido
Popular, que tanto está celebrando el envío de la carta, sigue impedido desde
hace cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que
está poniendo en riesgo la imparcialidad de la judicatura en España, o lo que
es peor: la utilización de esta en pos de los intereses del Partido Popular.
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