Persecución sindical

Publicado en Levante de Castellón el 19 de Febrero de 2016

El 20 de diciembre de 1973, en el palacio de las Salesas de Madrid, en la época, sede del famoso  TOP (Tribunal de Orden Público), tenía que dar comienzo el denominado Proceso 1001, por el que se enjuiciaba a toda la dirección del CC.OO., detenida en una reunión, año y medio antes, en el Convento de los Oblatos, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Pero la casualidad hizo que ese día se suspendiera la vista, porque la mañana del día 20, una bomba explosionada en la calle Claudio Coello de Madrid, acababa con la vida de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de Franco, que según todos los expertos, era el llamado a suceder al dictador, prolongando de este manera el franquismo, con un rey títere que estaría bajo vigilancia y a las órdenes de sucesor del “Caudillo”. Qué ironía del destino, que el mismo día que el régimen franquista celebraba ese golpe mortal al sindicalismo de clase, saltaran por los aires, y nunca mejor dicho, todas sus esperanzas de futuro, yendo a caer estas en el patio de otro antiguo convento: La Casa Profesa, de los jesuitas. El atentado se le atribuyó a ETA, e incluso ella misma lo reivindicó. Sin embargo, las lagunas sobre la autoría del mismo nunca se han llegado a aclarar, sobre todo, por qué los autores jamás fueron juzgados. Alguien se carga a la mano derecha de Franco y  no juzgan a sus asesinos, en un régimen que era implacable con sus enemigos, como se pudo ver el mismo día del atentado, con el inicio de un proceso contra el sindicalismo obrero.

                ¿Qué pretendía el franquismo de última hora con el Proceso 1001? Ni más ni menos, que acabar con el incipiente sindicalismo que se estaba implantando en las grandes empresas del país, dominado principalmente por CC.OO., sindicato que en aquellos tiempos era el emisario del PCE entre los trabajadores. Pero si no lo consiguieron, pues CC.OO. y el sindicalismo obrero en general, llegó más fuerte que nunca a la Transición, no es menos cierto, que al contrario que a los acusados de cometer el atentado contra Carrero Blanco, a los 10 dirigentes de CC.OO. se les juzgó y cayeron un buen número de años de cárcel -161 en total-, que un año más tarde fueron revisados por el Tribunal Supremo, rebajándolo a 40. Lo que no impidió, que hasta el 25 de noviembre de 1975, estuvieran encerrados en la cárcel de Carabanchel, fecha en que Juan Carlos I procedió a indultarlos.

                Creíamos que todo esto era ya historia pasada. Que el sindicalismo en España había superado las épocas tristes de represión, cuando se encarcelaba a sindicalistas por el mero hecho de serlo, o en las empresas se tenían que abrir “cajas de resistencia” para pagar las multas administrativas que los tribunales franquistas ponía a los compañeros que sobresalían en la lucha de los derechos de los trabajadores. Estábamos convencidos, que la ofensiva de desprestigio de los Sindicatos, que el mundo neoliberal viene alimentado desde hace cuarenta años, era sólo eso una guerra para alejar a los trabajadores de ellos, inoculándoles el virus del individualismo en las relaciones laborales. Se ponía el rabo de Satanás a los Sindicatos y acusaba a los sindicalistas de caraduras, vagos, interesados y sinvergüenzas.  Para esa ofensiva del poder, estábamos preparados; incluso asistiendo a la desafección de los trabajadores de los Sindicatos, que si bien en muchos casos ha sido merecida, no se planteaban cambiar los malos vicios sindicales, prefiriendo rendir su alma trabajadora al individualismo neoliberal, que reduce las relaciones laborales a un contrato particular entre el trabajador – David- y el empresario –Goliat-, en el que siempre sale ganando el empresario, porque raramente David vence a Goliat, si se enfrenta solo contra el gigante.

                Para todo ello estábamos preparados, pero no para la vuelta del TOP, cuatro décadas después, aplicando leyes represivas contra los sindicalistas. Un vuelta de tuerca del neoliberalismo, que si bien puede ser consecuencia de lo anterior, no creíamos que fuera posible. Pero lo es, sobre todo desde los últimos años, en que las leyes contra el movimiento ciudadano y obrero, ha llevado a los tribunales a más de 300 sindicalistas, hombres y mujeres,  a los que se les pide indemnizaciones millonarias y penas de cárcel.

                Ya no sólo se despide a muchos sindicalistas en las empresas, como se ha venido haciendo en los últimos años, con la vista torcida, para no verlo, del poder político,  vulnerando todos los derechos laborales existentes en España, entre ellos la Ley de Libertad Sindical de 11/1985, que no es más que un reajuste constitucional del Decreto Ley 17/1977, por el que se reconocía el derecho a la libertad y ejercicio sindical. La propia Constitución, en su artículo 28, recoge el derecho a la libre sindicación. Sin embargo el que hace la Ley hace la trampa, y así, a modo preventivo, se sacan de la manga una disposición que penaliza el derecho a la difusión de la huelga, en el artículo 315.3 del Código Penal, por el cual, se castiga con cárcel a aquellos que impidan a los esquiroles trabajar en días de huelga. Es decir, que se sirve en bandeja de plata que el empresario coaccione a sus trabajadores para que no hagan huelga, muchos de ellos, ahítos de miedo, ya convencidos de que esta no sirve para nada, por el machaqueo de la propaganda oficial u oficialista. La Ley les garantiza que no la hagan con un artículo que castiga a los que sí pretenden que se lleva a cabo. ¿Para qué sirve, entonces, el artículo 28.2 de la Constitución: “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses”? Para bien poco, si esta no se puede garantizar por los convocantes o se les criminaliza en el Código Penal, o en la mucho más grave y regresiva Ley Mordaza.

                Los Ocho de Airbus, son una muestra de la ofensiva que los poderes del neoliberalismo están intensificando contra los trabajadores. Es más, sólo hace falta lanzar a la policía contra un piquete, para encontrar una excusa con la que poder juzgar a sus componentes. Se trata de neutralizar, definitivamente, a los sindicatos y la lucha sindical. El neoliberalismo sí sabe que unos Sindicatos potentes son un muro de contención contra sus ansias de esclavizar a los trabajadores, y no están dispuestos a consentir que así sea. Simplemente, porque la única manera que tienen de ser cada vez más ricos es someter a la población, empobreciéndola. Para lo que han de reducir derechos laborales y castigar a quienes los solicitan.

                Otra vez, gracias al gobierno más rancio y regresivo que ha tenido la democracia, el sindicalismo de clase se ha convertido en una práctica de riesgo, haciendo que tengamos que volver a la defensa de la libertad del ejercicio sindical, para empezar, nuevamente,  a defender los derechos de los trabajadores.