domingo, 2 de diciembre de 2018

¡¡Gibraltar español!!


Publicado en Levante de Castellón el 30 de noviembre de 2018
Este país inventó la astracanada, un subgénero teatral de situaciones disparatadas, chabacanas, que sólo tiene como intención hacer reír al espectador, que bordó como nadie Pedro Muñoz Seca -¿quién no recuerda aquel dislate de obra, que bajo el título “La venganza de don Mendo”, nos hizo reír tanto hace años, gracias a la magistral interpretación de Tony Leblanc en el papel de un don Mendo enamorado?-  Y como la realidad siempre supera la ficción, el país en sí mismo se ha convertido en una gran astracanada, gracias a una clase política que  nada tiene que envidiar a los personajes de Muñoz Seca.
                Parece que la tan sonada renovación de la clase política, lo único que nos ha traído es una troupe de bufones, más interesado en hacer reír a sus espectadores, que en introducir dosis de raciocinio y sentido común a un país, ya de por sí bastante castigado por la mala gestión de lo público de unos gobernantes anteriores,  más preocupados de llenarse los bolsillos y del qué hay de lo mío. Ver como se lanzan a una carrera de despiece del adversario de otros Partidos y de los enemigos en el propio, es digno de una película de los Monty Pithon, como aquella Vida de Brian, en donde la resistencia al poder ridiculizado de Roma, siempre encontraba un grupo mucho más resistente, con una verdad más sólida, que el anterior.
               En la película “El  milagro de P. Tinto” de Javier Fesser, Usillos, un personaje que todavía no ha desaparecido del todo de la geografía española, al comprobar que el motor español de su camioneta está montado por piezas inglesas, grita con desesperación y enfado: “¡¡¡ Gibraltar español!!!”. El mismo grito que hemos escuchado hace unos días al líder de un partido nacional, que ya nos había regalado anteriormente su reivindicación de la hispanidad como la etapa más brillante del hombre, junto al Imperio Romano. Casi nada. Reivindicaciones viejas, con el fuerte olor a naftalina de otros tiempos de prietas las filas recias marciales, que delatan la impotencia de articular un discurso moderno y conectado a las necesidades de la sociedad, por lo que hay que recurrir a la astracanada, como método de ejercer política.
                Uno no sabe, si que la clase política siga instalada en aquella bufonada filmográfica que retrató con sabia maestría Berlanga en La Escopeta Nacional, como si estuviéramos viviendo un dejà vu político, es motivo de risa o de llanto. Sobre todo cuando algunos dirigentes vuelven a desempolvar términos como separatismo, patria o españolidad, en el mejor estilo joseantoniano, o emulando aquellos versos de José María Pemán: “Gloria a la Patria/que supo seguir/sobre el azul del mar/el caminar del sol”, en la versión ñoña y cursi de Marta Sánchez: “Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí/honrarte hasta el fin” (cuánta similitud), tan aclamada por unos políticos que tiene el concepto de la patria en el bolsillo o en su megalomanía de poder.
¿Qué podemos hacer con dirigentes que han llegado a un nivel tan alto de histrionismo, que son capaces de darse tiros en el pie, una y otra vez, con tal de parecer la Inmaculada Concepción de la política, esperando que alguien les suba a los altares? Aquellos, que no sabemos si lo que pretenden es gobernar el país o gobernarse a sí mismos, vista la capacidad que tienen de tirar por tierra todo lo que nos dijeron que iba a ser el cambio. O de los que han hecho una cruzada contra la deshonestidad en la política y se aferran al cargo cuando se descubre que ellos no fueron ajenos a  lo que denunciaban. 
Si una clase política sólo se preocupa de desacreditar al adversario -cuánta energía se pierde en esto-, para alcanzar el poder,  convirtiéndose en personajes de una astracanada nacional, algo va mal, y la risa se convierte en miedo, cuando no dejan de echar abono a la aparición de salvapatrias, que sólo  nos llevarán a tiempos oscuros y peores.  

jueves, 15 de noviembre de 2018

La identidad de España



Publicado en Levante el 12 de noviembre de 2018
Apuntes para un aniversario. Desgraciadamente, seguimos con el tema de la identidad de España sin resolver después de cuarenta años de democracia. Encontrar la identidad en la diversidad, parece que es bastante difícil. Sobre todo cuando, como en el caso español, esa identidad como nación siempre se ha tratado de imponer al resto por el conservadurismo nacional más rancio, incluso, cuando ha sido necesario, a costa de mucha violencia y sangre.
Pero el problema de España no es nuevo. Perdura en el tiempo desde los olvidados y manipulados Decretos de Nueva Planta, por los que el rey Felipe V impuso un modelo centralista, a la castellana, de nación, al modo de la borbónica Francia, eliminando cualquier vestigio de autogobierno en regiones, que desde la Edad Media hasta el siglo XVIII habían ejercido como un estado propio. Para ser más claro, lo que hasta aquel momento se llamó la monarquía española, que era, por decirlo en palabras modernas, un estado federal compuesto por la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, pasó a ser, por la fuerza de las armas (Guerra de Sucesión), un estado centralista, en el que se impusieron las leyes de Castilla como únicas en todo el reino. 
España es un problema irresoluble. Ya lo dijo Amadeo de Saboya: “España para los españoles”, después de dar el portazo y largarse. Sobre todo, carácter y sentimentalismos aparte, cuando seguimos empeñados en confrontar la fuerza centrífuga de los nacionalismos periféricos, con la fuerza centrípeta del nacionalismo centralista. Y es que esto da mucho juego a determinados sectores de la sociedad, con sus Partidos ceñidos a  la bandera, cada uno la suya, en donde lo que importa es aplastar al otro, cómo única forma de supervivencia. Produce cierta urticaria ver como la derecha española, siempre dispuesta a enarbolar la bandera del nacionalismo más cutre, se ha lanzado a una carrera para ver quién es más español, en términos protofascistas provocadores y claramente franquistas, dinamitando cualquier posibilidad de convivencia dentro del estado español. Igualmente, da mucha tristeza ver que el nacionalismo periférico, sobre todo el catalán, se ha convertido en un movimiento romántico, dirigido por un puñado de salvapatrias de un enemigo ficticio, imaginado por ellos, anteponiendo el idealismo de la patria, por encima del pueblo catalán, sin preocuparle que Cataluña se está despeñando por un terraplén de autodestrucción.   
Creímos que el advenimiento de la democracia podría acabar con el sempiterno problema de España como una nación sin identidad común para todos los españoles. Nos equivocamos, porque la Constitución puso freno a un modelo de convivencia desde la diversidad, convirtiendo el estado español en una fractura de iguales, que si fue efectiva durante unos años, se ha demostrado insuficiente pasado el tiempo, y es incapaz de dar respuestas a las nuevas/viejas demandas de los territorios periféricos con sentimientos históricos y/o antropológicos  diferentes.
La constatación de un fracaso, que está distorsionando la política en España, además de hacernos vivir en un permanente conflicto, debería ser objeto de reflexión en el aniversario de la Constitución. El “café para todos” que se impuso en la Transición, frente al modelo federal y descentralizado que algunos proponían, incluso en la propia UCD, no ha servido para acabar con el problema de España, que tantas páginas de tinta ha escrito.
Ahora, con los Partidos de la derecha tirados al monte, intentando volver a un modelo centralista/franquista, que ya creíamos superado, adecuar la Constitución para que todos nos sintamos partícipes de una misma identidad como nación y sociedad, se barrunta harto difícil. Salvo que la gran mayoría de los españoles se de cuenta de que es en el reconocimiento de la diversidad, donde reside la única posibilidad de cerrar para siempre la herida, condenando a la insignificancia de los mediocres a todos aquellos, de un bando nacionalista u otro, que están convirtiendo este país en un déjà vu de tiempos ya pasados, que nunca deberíamos olvidar. A la provocación de los nacionalistas intolerantes, sean de donde sean, sólo se la puede contestar con tolerancia, empatía e inteligencia.

lunes, 5 de noviembre de 2018

Apuntes para un aniversario. Salario y riqueza



Publicado en Levante de Castellón el 3 de noviembre de 2018
Uno de los fundamentos en el que se sostiene una democracia, es el reparto de la riqueza. Si ésta no está distribuida de una manera justa y equitativa, los  cimientos del sistema se empiezan a tambalear, provocando desafección y la aparición de salvapatrias, siempre, ligados al fascismo o en las conurbaciones de éste, como está sucediendo en Europa y otras partes del mundo.
                El reparto de la riqueza no significa que deje de haber ricos, implica que deje de haber pobres, y para ello es necesario que no esté acumulada en pocas manos, y a través de diferentes instrumentos políticos se distribuya de una forma equitativa entre todos, garantizando que va a permitir vivir con dignidad a los que menos oportunidades han tenido o las han desaprovechado.   
                En un congreso que se celebró hace años en Valencia sobre la pobreza, uno de los ponentes fue muy claro: “Denle ustedes un salario digno a los pobres y hablaremos menos de cooperación para paliar la pobreza”, más o menos vino a decir esto. Lo que le da al salario un valor de máximo nivel en la distribución de la riqueza. El salario como expresión de la dignificación económica de las personas, aunque es cierto, que las nuevas maneras de producir y trabajar que están introduciéndose en la sociedad por causa de la implantación de las nuevas tecnologías, exigen replantearse el concepto de trabajo y de salario, para que nadie quede excluido de la riqueza que se produce en el mundo.
                La democracia no se puede convertir en una plutocracia, en donde son los que acumulan gran parte de la riqueza los que dictan las leyes, porque si es así,  todas las normas de convivencia democrática se vienen abajo, al legislar, preferentemente, para preservar los intereses de la clase dominante  económica, auténtico centro del poder.
                No nos ha de extrañar, por tanto, que cuando un gobierno como el español, trata de equilibrar la balanza de la riqueza mediante el salario, en este caso, con medidas que garanticen derechos laborales que lapidaron la última reforma laboral o con el aumento del salario mínimo a unos niveles próximos a la dignidad salarial, la reacción de las élites económicas y todo el entramado mediático y de poder que sostienen, sea la de anunciar la apocalipsis económica del país. Para ellos, la democracia no es un sistema de libertad o bienestar económico, más bien la entienden como un instrumento que les puede posibilitar enriquecerse sin grandes sobresaltos, y cuando esto falla, no tienen remilgos para promover movimientos más autoritarios de control de la población.
                Subir el salario mínimo en España a 900 euros es una medida  que puede empezar a paliar la pobreza laboral, que tomando como excusa la crisis, los últimos gobiernos han extendido por todo el país, mientras el número de ricos y su riqueza aumentaba. Además de llevar emparejadas el incremento de los ingresos fiscales y de la Seguridad Social, con lo cual ganamos todos, a cambio de que unos pocos acumulen menos riqueza. Es sencillo, salvo que se quiera engañar y manipular a la población, complicándolo con discursos enrevesados sobre la competitividad, el efecto sobre el PIB, la inflación, el desempleo etc., toda una panoplia de conceptos mezclados para generar más confusión, que sólo tienen como fin último que aceptemos que es mejor ser pobres, que vivir con bienestar económico.
                El artículo 35.1 de la Constitución Española, dice: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.  Como verán, papel mojado, que el poder se ha saltado cuando le ha convenido. En este aniversario de la Constitución, habría que reflexionar sobre qué mecanismos se deberían articular en una previsible reforma constitucional, para que estas declaraciones de intenciones se conviertan el ley  de obligado cumplimiento. De lo que se trata es de garantizar que todos vamos a tener un salario que nos permita vivir con dignidad y planificar la vida sin sobresaltos económicos, aunque siga habiendo ricos. Porque de lo contrario, si la democracia no es capaz de distribuir la riqueza,  no habrá reforma constitucional capaz de frenar al fascismo, en su versión siglo XXI,  que está llamando, cada vez con más fuerza, a la puerta de una sociedad con grandes capas de la población empobrecidas.

viernes, 26 de octubre de 2018

Diputaciones Provinciales


Publicado en Levante de Castellón el 26 de octubre de 2018
Apuntes para un aniversario. Hay un tema recurrente en la política española, que surge y desaparece dependiendo de las urgencias de la coyuntura política. Se trata de las Diputaciones y el papel que juegan o no juegan en el mapa del reparto de poder y gestión administrativa del Estado. Es una asunto complicado, porque si es cierto que durante muchas décadas, desde el siglo XIX, han sido un foco de corrupción y caciquismo, que la Transición no supo o no quiso abordar, en la actualidad pueden llegar a cumplir un papel importante en el desarrollo de lo que se denomina la España Rural.
                La Constitución de 1978 consagró la provincia como “entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” (art. 141 de la Constitución), siendo las Diputaciones la entidad de gobierno de las provincias. Pero la aparición de las Comunidades Autónomas descafeinó su función, convirtiéndolas en un organismo de colaboración menor con los ayuntamientos, en permanente colisión de funciones con los gobiernos autonómicos. Además, no son pocas las Diputaciones que durante años han sido un foco de clientelismo del Partido que las gobernaba o del cacique provincial.
                Esto y la permanente pelea para acaparar poder, por parte de las diferentes administraciones del Estado: administración central, autonomías, grandes ayuntamientos,  han convertido a la mayoría de las Diputaciones en papel mojado al servicio de los intereses partidarios, sin conexión alguna con la ciudadanía. Sin embargo, frente a quienes sostienen que son un ente inservible, habría que preguntarse ¿inservibles, para qué o para quién?
                En un momento de grave despoblación rural que está sufriendo España, toda sin excepción, las Diputaciones deberían tener un papel relevante en la solución del problema, o por lo menos en su minimización. Si como ya se ha expuesto en otro artículo publicado en este periódico (Levante de Castellón, 12 de octubre de 2018), el problema de la despoblación rural se debe a la falta de infraestructuras, servicios y buenas comunicaciones, entre otros, la Diputaciones son esa parte de la administración cercana a los ayuntamientos y buenas conocedoras de los problemas existentes en cada provincia.
                A nadie se le escapa, que la vida en las poblaciones rurales sería mucho más difícil sin la intervención de la Diputación, en todos los aspectos: social, económico, laboral, cultural, sanitario, etc. Solventado, o en vías de terminar con él, el grave problema que durante años han tenido de caciquismo, una nueva política de desarrollo hacia el medio rural daría sus frutos. Pero no es suficiente. Las Diputaciones necesitan una reforma política que las dote de unas competencias definidas en el ámbito rural, donde tienen mayor capacidad de intervención y son más necesarias.
                Ese es el reto: luchar con todas sus capacidades contra la despoblación rural en todas sus manifestaciones, para que los habitantes del campo o la montaña o la costa, no se sientan ciudadanos de segunda, con competencias y financiación que las den autoridad para solucionar el problema. Pero también en colaboración con otras administraciones, sobre todo la autonómica, que debe ser consciente, de que el fin último de su existencia es mejorar la vida de los habitantes de su región.
                El cuarenta aniversario de la Constitución no debe ser un canto de sirena a la carta magna ni un cierre de filas para que permanezca inmutable en el tiempo, porque si esa es la intención, acabará siendo papel mojado y, por tanto, una Ley inservible. Más bien al contrario, hay que abrir el texto a los nuevos retos que tiene planteada la sociedad española del siglo XXI, y uno de esos retos es otorgar a cada administración el papel que le corresponde. Y que duda cabe, que las Diputaciones tienen un importante cometido como representantes del Estado en el ámbito rural y así se debe reconocer.

sábado, 20 de octubre de 2018

Están entre nosotros


Publicado en Levante de Castellón el 19 de octubre de 2018
Apunte para reflexión. ¿Por qué seguimos empeñados en llamar populismo a lo que sólo es fascismo? No hay que ser licenciado en Salamanca, para darse cuenta de que Salvini, Lepen, Orbán, Vox y tantos otros que están sembrando Europa de odio, xenofobia e intolerancia, son lisa y llanamente fascistas. Incluso allende los mares, en el continente americano, con Bolsonaro y Trump a la cabeza, el fascismo está más implantado que  nunca. (Para evitar suspicacias de neoliberales encendidos, no voy a hablar de los dictadores comunistas, porque no es este el problema que tiene Europa).
                Cierto que no son comparables con los fascismos de la primera mitad del siglo pasado. Las condiciones históricas son diferentes, y ahora todos se ponen la corbata de la democracia para extenderse por el continente. Pero si alguien piensa que estos Partidos son respetuosos con los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, es que prefiere mirar para otro lado para que nadie perturbe su acomodaticia vida. Error.
                No son iguales a Hitler, Franco o  Mussolini ni a los partidos que estos representaban, si es que representaban algo que no fuese a sí  mismo. Pero el discurso político fundamentado en la supremacía de sus ideas sobre el resto, junto a la exaltación del patriotismo, colocando a la nación por encima de sus habitantes. La manipulación de la propaganda, con el único fin de ocultar la verdad que a ellos no les interesa que se sepa, y las soflamas de regeneración política, que sólo esconden la supresión de todos los principios que deben constituir una democracia, no son más que la vuelta de Europa  a la oscuridad y la violencia como instrumento de relación política.
                No nos equivoquemos. Hitler llegó al poder en 1933 y sólo tardó unos meses en acabar con la democracia; Franco, juró lealtad a la República y en cuanto pudo se lanzó en armas contra ella; Mussolini, después de implantar el terror con sus camisas negras, -cuanto peor mejor- consiguió el poder, otorgado por el rey Víctor Manuel II, y como buen fascista, acabó acaparándolo en su persona. Todos utilizaron los resortes que la democracia ponía a su disposición para hacerse con el poder y liquidar la libertad. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿los fascistas del siglo XXI tienen motivos para no hacer lo mismo?  No lo creo, teniendo en cuenta que detrás de un fascista, siempre, hay un megalómano.
                Segunda reflexión. ¿Cuándo va a aprender la democracia a defenderse de sus enemigos, evitando que estos sean un peligro para su propia supervivencia? Si cuando se ha tratado de parar el totalitarismo de izquierdas ha sido implacable, frenando cualquier posibilidad de ascenso de este, cabría pensar que con el fascismo se debería hacer lo mismo. Sin embargo, no es así. La prueba es que cada vez la extrema derecha va copando más cotas de poder en el continente, sin que nadie les cierre el paso.
                Lo que nos lleva a pensar, que el liberalismo no es tan democrático como creíamos y hace muy  buenas migas con el fascismo, sobre todo cuando se trata de utilizar este, como ya se hizo en el siglo pasado, para frenar la expansión de la izquierda no acomodaticia. Antes se consintió como cortafuegos del comunismo y ahora como muro de contención del surgimiento de una nueva izquierda que plantea un modelo de sociedad muy distinto a los intereses del capitalismo liberal.
                El ascenso del fascismo es un peligro real que no debemos despreciar, sobre todo, si va aparejado a los intereses de las élites de poder en Europa, que están poniendo en práctica, sabiamente, los Once Principios de la Propaganda de Goebbels. Les invito a leerlo y ustedes, después, decidan. 
González de la Cuesta
Escritor

sábado, 13 de octubre de 2018

Despoblación rural


                                                                                                                               Ares del Maestrat

Publicado en Levante de Castellón el 12 de octubre de 2018
Parece que la gran política se ha dado cuenta ahora del grave problema de despoblación que están sufriendo la mayoría de los territorios en toda la península, por lo menos en su parte española. Un problema que no es desconocido, porque se viene produciendo desde que el nuevo capitalismo, de la mano de la Revolución Industrial, irrumpe en la sociedad española cambiando todas las formas de vida, y relacione sociales y económicas anteriores.
 Es decir, el despoblamiento de las zonas rurales empieza en el siglo XIX, acentuándose En España, sobre todo, en la segunda mitad del siglo pasado.  La necesidad de mano de obra en la industria, provoca un  movimiento migratorio del campo a la ciudad imparable, que luego, cuando se han producido las sucesivas crisis del capitalismo, arrojando a miles de personas al desempleo y la exclusión social urbana, no se ha revertido en un  movimiento de vuelta los pueblos rurales.
                Los que ya tenemos suficiente edad para hacer memoria de cómo era la España de los años cincuenta y sesenta, todavía nos acordamos de la intensa vida que había en muchas localidades rurales, y cómo se fue apagando, por desidia de las autoridades políticas, produciéndose un fenómeno que mientras vaciaba los pueblos en el campo o la montaña (los pueblos de la costa, o muchos de ellos, se salvaron por el turismo) otras localidades, cercanas a las ciudades, experimentaron una explosión demográfica sin parangón en nuestra historia, con no pocos problemas de saturación que, en este caso, sí fueron solucionados por los poderes políticos,  porque tenían un claro interés económico en ello. Por poner dos ejemplos: en el lado del híper aumento demográfico podríamos situar a la localidad de Móstoles en Madrid, que en 1960 tenía 2.500 habitantes y en 2017 206.000; en cambio, en el lado de la despoblación, bien nos puede servir la localidad castellonense de Ares del Maestrat, que si en 1960 tenía 1.000 habitantes, en la actualidad, no llega a los 200 (197 en 2017).
                La despoblación de las zonas rurales puede tener muchas lecturas, cuando nos ponemos a buscar las causas, pero hay dos que son fundamentales: los servicios y las comunicaciones. Nadie quiere vivir hoy en lugares donde no hay médico ni escuela ni internet ni una buena red de comunicaciones por carretera o ferrocarril, incluyendo aquí el transporte público. Pero además, hay otro factor que tiene mucho que ver con la despoblación: nos referimos a la facilidad que tiene el poder para controlarnos en las ciudades, siendo mucho más efectivo cuando estamos todos agrupados, que si vivimos dispersos.
                La despoblación rural no es un problema mayor que la superpoblación urbana a la que nos quieren avocar. Sólo hace falta voluntad política con medidas que sean sugerentes para que la gente no se tenga que ir de sus pueblos por obligación. ¿Cuántos de quienes viven en las ciudades regresarían al campo si hubiese unas condiciones similares a las urbanas? En vez de lamentarse, los políticos deberían ponerse a trabajar en medidas como la mejora de los servicios públicos, las inversiones en infraestructuras, planes de sostenibilidad económica y fomento de la cultura rural, como un elemento de identidad que vertebre la sociedad no urbana. Medidas que revertirían la actual despoblación.
                 Pero para todo ello, hace falta que los políticos dejen de hablar tanto de sí mismos y pelear por aumentar sus parcelas de poder.  Es necesario que las instituciones asuman que el ámbito rural también es competencia suya, y aquí deberían cumplir un importante papel las Diputaciones, como entidades vertebradoras del territorio, si tuvieran las competencias para poner en marcha una política de desarrollo rural, capaz de aumentar la población en los pueblos.
                Volver a recuperar el mundo rural no se trata de obligar a la gente a que vuelva a su pueblo, sino facilitar que quien quiera hacerlo, sepa que sus derechos como ciudadano no se van a ver disminuidos por la despreocupación del poder.


¡¡Gibraltar español!!

Publicado en Levante de Castellón el 30 de noviembre de 2018 Este país inventó la astracanada, un subgénero teatral de situaciones dis...