La vivienda, un derecho olvidado

 

Ruido. Demasiado ruido en la política española, que sólo sirve para salvar el culo de algunos dirigentes políticos, que prometieron la luna a sus seguidores y no pudieron pasar del cinturón de satélites artificiales que rodea la tierra. Cacofonía sonora que oculta las verdaderas necesidades que tenemos los españoles, en una pirueta circense que nos conduce al enquistamiento de los problemas; un ejercicio de prestidigitación disonante que desvía nuestra atención para fijarnos sólo en lo que no nos interesa.

Entre esos problemas, uno de los más graves es el de la vivienda, por la incapacidad o desinterés de la política y la sociedad para dar solución a la necesidad de cualquier persona a tener un espacio donde vivir con dignidad a un coste razonable. Es un derecho tan primario, que incluso está recogido en la Constitución como un derecho inalienable.

El artículo 47 de la Constitución Española dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos»

¿Entonces qué está pasando?

Asistimos a una defensa encendida de un constitucionalismo de bandera, himno y patria, patria, patria, o de anuncios que nunca llegan a materializarse, como si eso nos diera de comer o proporcionara un habitad decente, por quienes entienden la vivienda como un derecho selectivo, es decir para ricos o economías muy acomodadas, y el resto a vivir en comuna o en cuevas (esto no es una metáfora, sólo tienen que darse un paseo por lo que se está ofertando en las grandes ciudades como espacios donde vivir). Y sin embargo, en esas mentalidades de capitalismo de sálvese quien pueda, las personas que reclaman soluciones habitacionales o se rebelan contra la despiadada lógica del mercado cuando les expulsan de sus casas, son tratados como agentes antisistema; como enemigos del buen orden capitalista; como vagos que quieren tener el privilegio de vivir en una casa donde levantarse cada mañana y dormir cada noche.

Es decir, aquellos que defienden un derecho constitucional son casi delincuentes y los que se lo saltan a la torera son ciudadanos de buena familia. Es el mundo al revés. Un mundo donde la lógica social de bien común está desapareciendo engullida por el voraz apetito del capitalismo salvaje instalado en la sociedad. Y si esto pudiera ser comprensible en aquellos agentes que sólo buscan la optimización del beneficio caiga quien caiga, nunca lo puede ser en quienes tienen la obligación de poner freno a esos intereses, para que todos y todas, podamos acceder a una vivienda o no tener la Espada de Damocles inmobiliaria y financiera encima de nuestras cabezas, cada vez de una forma más constante y estructural.

Son mucho los factores que han conducido en este país a la situación actual de gravísimo problema de acceso a la vivienda. La verdad es que nunca lo ha tenido solucionado, porque la especulación, que es prima hermana de la corrupción, ha sido, casi siempre, la que ha marcado el paso de la política habitacional. Pero nunca el problema ha sido tan grave como el que se genera a raíz de la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el gobierno de José María Aznar, por la que se declaraba que todo terreno era urbanizable, salvo que se dijera lo contrario. Esto supuso que los ayuntamientos, viendo que se abría una vía de financiación importante, hicieran dejación de sus obligaciones de ofertar vivienda pública en régimen de alquiler o VPO, para llenar las arcas municipales y que algunos vecinos e inmobiliarias pasaran de la noche a la mañana a enriquecerse. Pero también supuso que las comunidades autónomas y el gobierno central hicieran la vista gorda al ver que su capacidad recaudatoria aumentaba exponencialmente. Todo ello, sin hacer mención a que la gran mayoría de la corrupción existente en España desde aquellos años, tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Esto es, grosso modo, un explicación muy sucinta de los orígenes del problema actual. Pero lo cierto es que ningún gobierno ha hecho los deberes como debería, promoviendo vivienda pública, y de aquellos barros estos lodos.

Sólo hay una manera de acabar con el desorden de precios tanto en la compra de vivienda, como en los alquileres. De nada sirven medidas de autocontención, de fijación de precios, de eliminación de abusos o recomendaciones que apelan a la buena voluntad del capital. A mi juicio, la única forma de conseguir que todo el mundo pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, es el alquiler público, como existe en otros países. Para no marear, no voy a poner datos comparativos con los países de nuestro entorno, pero sí diré que España es el que tiene el porcentaje más bajo de vivienda social de todos, con sólo un 3% del parque total.

O ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central se ponen manos a la obra urgentemente a construir, alcanzar acuerdos con propietarios de viviendas vacías (muchas de ellas en manos de bancos: casi 400.000) y ofertar en alquiler los miles de viviendas que cayeron en manos de la SAREB, ese banco inmobiliario público que se creó para aliviar las deudas impagadas de la banca, que dispone de un parque de 50.000 viviendas vacías, o nada va a frenar el problema de acceso a la vivienda que tiene millones de españoles entre familias desfavorecidas y gente joven, a corto y medio plazo.

El gobierno actual ha anunciado la puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales. No es una cifra pequeña, aunque sí insuficiente. Pero, de momento, sólo es un anuncio, sin concreción ni plazos ni información veraz de ningún tipo. La oposición, en vez de apoyar la medida e incluso mejorarla y exigir que se cumpla, que sería lo correcto en unos dirigentes políticos preocupados por solucionar el problema, sigue envuelta en la bandera, la unidad de España y las urgencias por alcanzar el gobierno (¿Para solucionar el problema de la vivienda?). Y mientras, la vida de los españoles se complica más y más, porque no nos olvidemos de que la imposibilidad de tener una vivienda digna y a precio asequible, tiene connotaciones negativas en muchos aspectos de nuestra vida.

Por último. La única manera de controlar el apetito voraz de empresas y particulares con los precios del alquiler es inundar el mercado de alquileres públicos y sociales. Es la lógica del mercado competitivo: a más oferta precios más bajos.     

 

Dani Alves y el privilegio de ser rico y famoso

 

Resulta muy poco edificante la concesión de la libertad bajo fianza al futbolista Dani Alves si abona un millón de euros, porque el mensaje que transmite es que la impunidad se extiende en la sociedad si eres rico y capaz de pagar para no cumplir con cárcel el castigo por los delitos que puedas cometer o hayas cometido. Eso así, grosso modo, en un país donde los ricos, poderosos y famosos, se libran de ir a prisión pagando multas, en algunos casos mareantes, o llegando a acuerdos de conformidad con los tribunales, después de abonar cantidades desorbitadas a los despachos de abogados que les defienden. Otra brecha más que se agranda entre ricos y no ricos, en donde la judicatura no deja de ser cómplice y algunos políticos prefieren mirar para otro lado, siempre que los investigados o condenados no sean de los suyos o simplemente no están en su universo patrimonial, no vaya a ser que al final tengan que echar ellos mano de esos privilegios. Lo que nos hace ver que la justicia no es igual para todos, y que a pesar de las peroratas mitineras de algunos partidos, los españoles no somos iguales ni ante la ley ni ante sus ojos.

Pero el caso Alves es todavía mucho más grave porque se trata de una violación que no debería tener ninguna clase de beneficio penitenciario. En un momento en el que la violencia hacia las mujeres, en sus diferentes formas, parece crecer, y cuando está ocupando el poder, en no pocas instituciones, el machismo más rancio negacionista, que cuestiona la verosimilitud de la violencia de género, este tipo de decisiones judiciales deberían ser más cuidadosas. En general, las decisiones de los jueces y juezas, en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, deberían ser más juiciosas, para no generar equívocos en la sociedad y confusión, cuando no temor, en las mujeres. Una sociedad que no es firme con determinados delitos, lo que está provocando es que no se tomen en serio y, por tanto, el número de casos aumente. Y por desgracia, ya son demasiados los “errores” judiciales en este asunto, colocando a las mujeres en una posición de vulnerabilidad que parece preocupar poco en determinados estamentos de la política y la judicatura, en contraste con su actitud beligerante contra otras leyes que no ponen en riesgo ni la vida ni la seguridad de nadie. Incluso, que clamaron contra la Ley del “solo sí es sí”, porque estaba provocando excarcelaciones de violadores y ahora callan, con un silencio que es demasiado atronador.

¿Se está haciendo la democracia el harakiri?

 

Me gustaría empezar con una pregunta: ¿Aceptarían ustedes que un asesino en serie se alojara en su casa porque les viene bien económicamente o porque cada uno es como es y hay que respetar esa libertad? No hace falta que contesten. Formulo esta pregunta, porque desde hace algún tiempo vengo pensando cómo es posible que la democracia sea tan timorata, que está dando cobijo y manutención a organizaciones que tienen como primer objetivo acabar con ella. Es como meter al zorro en el gallinero.

Ciertamente, la democracia occidental y liberal con los años va sufriendo un desgaste que es urgente invertir, y esto sólo se puede hacer cuando partidos políticos e instituciones están al servicio de la ciudadanía y no convertidos en organismos autónomos de los problemas de la sociedad, retroalimentándose así mismo, como viene sucediendo en los últimos tiempos. Es decir, la democracia, si no soluciona los problemas de la gente; si no distribuye la riqueza de tal manera que asegure el bienestar de los ciudadanos; si no evita que se abra una abismo entre ricos y no ricos; y si no es capaz de combinar libertad con seguridad y bienestar, para que todos nos sintamos cómodos y con perspectivas de futuro, es un fracaso y da pie a que organizaciones populistas y/o fascistas, con discursos falsos, pero fáciles de entender, vayan abriéndose camino en las expectativas de la sociedad. Por ahí viene el primer y gran fracaso.

La otra cuestión es preguntarse por qué las democracias occidentales permiten que el nuevo fascismo del siglo XXI pueda participar en el sistema político, teniendo en cuenta, y ya lo estamos viendo en diferentes países, que en cuanto tienen un mínimo de poder no dudan en ponerle una camisa de fuerza, para, al final, encerrarla en el manicomio de la historia y acabar con ella. La democracia y el fascismo/totalitarismo son como el agua y el aceite, imposible disolverlos. Por ello, las democracias occidentales deberían tomarse en serio si no ha llegado la hora de empezar a impedir la participación en las instituciones de los partidos de extrema derecha y de todos a aquellos que llevan en su ADN acabar con ella.

Esto les puede sonar muy totalitario, pero me gustaría recordar que Europa ya sufrió una guerra civil, en la que los contendientes eran la democracia y el fascismo, por no haber frenado a tiempo los movimientos fascistas que estaban creciendo en el interior de cada uno de los países que en aquellos años se vanagloriaban de ser democracias avanzadas.

¿Cómo es posible que personajes como Trump, Bolsonaro, Abascal, Orban, Milei, Ayuso, Meloni, Le Pen y otros tantos y tantas, estén en la cresta de la ola de la política en países democráticos? Ustedes dirán que los han elegido los votantes y, precisamente, se trata de eso, de que no tengan opción de ser elegidos, porque suponen un peligro para el sistema democrático y la sociedad. No olvidemos, que gracias a esta tibieza Hitler llegó al poder en Alemania en 1933, dilapidando cualquier atisbo de democracia en el país germano, y encarcelando o asesinando a cientos o miles de demócratas alemanes; que Mussolini implantó el fascismo en Italia en 1922, porque se enfrentó a una democracia frágil; o que en España, el fascismo dio un golpe de estado porque el gobierno de la República surgido de las elecciones de febrero de 1936, fue timorato con las veleidades revolucionarias de algunas organizaciones sindicales y sordo ante el clamor que llegaba al Palacio Nacional de que se estaba preparando un golpe de estado liderado por militares fascistas, apoyado por partidos fascistas o próximos al fascismo y bendecido por una Iglesia en España que dirigía un cardenal primado fascista donde los haya, Isidro Gomá.

No yéndonos tan lejos, el creciente fascismo en este primer tercio del siglo XXI, está sustentado en gran parte por las redes sociales e intereses económicos que han entrado en un capitalismo especulador y salvaje, solamente sostenible con gobiernos de mano dura contra las libertades y los derechos de los trabajadores y consumidores, es decir, contra una gran mayoría de la sociedad. Que Donald Trump y Jair Bolsonaro hayan intentado, lo sigan haciendo, ocupar el poder en sus países subvirtiendo el orden democrático, no es una locura de unos locos. Obedece a un plan que se está viendo (lo último han sido las elecciones en Rusia, o los intentos de controlar la judicatura por parte del genocida Benjamín Netanyahu) tiene anchuras globales y nos encamina hacia una sociedad tan distópica y totalitaria como hemos visto y leído en el cine o la literatura de ciencia-ficción. Cada vez la distancia entre EEUU, China, Rusia, Israel, Irán, América Latina, los países árabes y algunos países europeos, es más corta, políticamente hablando, y no precisamente por su espíritu democrático.

Impedir que los partidos de extrema derecha, que es la nueva manera de denominar el fascismo, participen en política en los países occidentales, es un comportamiento de higiene democrática (el resto del mundo tendrá que decidir qué quiere ser) y seguridad ciudadana. Europa, América y algunos otros países del resto del mundo, que ya son democracias consolidadas, deben tomar cartas en el asunto. Y Europa se juega mucho en las elecciones de junio. No permitamos que la extrema derecha tenga la más mínima posibilidad de interferir en las instituciones comunitarias y exijamos su disolución como organizaciones políticas. Se puede hacer con instrumentos legales y se debe hacer. Otra cosa es que se quiera hacer.             

Las lecciones de Francia y el blindaje del aborto

 

Francia. Siempre Francia a la cabeza de los derechos civiles, pese a que a muchos a este lado de los Pirineos les fastidie. Es increíble, que después de 235 años, las ideas democratizadoras que emanaron de la Revolución Francesa sigan estando en vigor y, a la vez, sean atacadas y denostadas por los sectores más radicalmente conservadores de la sociedad, es decir, por la extrema derecha y su expresión política más cercana: el fascismo que recogió todas las ideas retrógradas de los absolutistas, defensores del Antiguo Régimen, que se dedicaron a torpedear, cuando no a reprimir con dureza, los avances liberales que a lo largo del siglo XIX se fueron abriendo camino en la sociedad occidental. Una lucha política, que todavía hoy, en el primer cuarto del siglo XXI, sigue librándose; sólo tenemos que ver el avance de la extrema derecha, con sus discursos fáciles y populistas, atiborrados de mentiras y falsedades, en una sociedad europea anestesiada y desmemoriada.

Francia como inspiradora de uno de los mayores avances que ha tenido la humanidad, tan importante, diría yo, como el descubrimiento de la penicilina, las vacunas o la aviación, por poner algún ejemplo. No debemos olvidar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 se inspiró en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente surgida de la Revolución Francesa en 1789.

Francia, una vez más en la vanguardia de la justicia social, blindando el derecho de las mujeres, es decir de la mitad de la población, a decidir sobre lo que hasta ahora era decisión de los hombres. Porque si bien, países como España van a la cabeza en muchos aspectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la protección contra la violencia que la sociedad patriarcal y machista ejerce sobre ellas, no han sido capaces de blindar esos derechos de forma que nadie pueda cuestionarlos políticamente, y mucho menos legislar sobre ellos de manera retroactiva, como a la extrema derecha le gustaría hacer, según estamos viendo sucede en otras latitudes del mundo, algunas lejanas, como EEUU y otras cercanas como en no pocos de los países del este de Europa.

El blindaje constitucional del derecho al aborto va mucho más allá de la literalidad de lo que significa. No es sólo el blindaje de la capacidad de decidir de las mujeres sobre un asunto tan trascendental como la maternidad. Se trata de un mensaje, inequívoco, de que ese derecho está por encima de consideraciones morales, religiosas o políticas. Lanza un mensaje a toda la sociedad francesa, europea, occidental y mundial, de que hay derechos que hoy, en el tercer milenio de nuestra era, deben ser inalienables y entre ellos están los que tienen que ver con la igualdad de la mujer y su capacidad legal para tomar sus propias decisiones sin la tutela del hombre. Además, como ya lo hicieran en su momento las ideas emanadas de la Revolución Francesa, introduce un elemento de debate en las sociedades democráticas, que va a ser ineludible evitar en los próximos años.

En España, la clase política debería tomar nota y subirse al carro del blindaje lo antes posible. Ya sabemos todos que el momento es muy complicado, porque algunos Partidos están echados al monte de la crispación constante, pero no podemos quedarnos a verlas venir. Somos un país avanzadilla en muchos aspectos referentes a los derechos de la mujer y, por eso mismo, los Partidos deberían dejar por un momento las batallas que sólo conducen a victorias pírricas, y ponerse de acuerdo en algo, que estoy seguro, no costaría mucho conseguir. Es tan fácil como copiar la reforma constitucional que se ha hecho en Francia y adaptarla a España. Y si en nuestro país vecino, casi todos los Partidos han conseguido llegar a un consenso capaz de sacar adelante esa reforma de su Constitución, en España debería avergonzarnos no ponernos manos a la obra para lograrlo. Y no sirve la excusa de que ahora no es el momento (siempre que no se quiere o no se sabe cómo hacer algo, se recurre al mismo latiguillo). Si en Francia, con todas sus cuitas políticas, han sido capaces, es porque han querido y sentido que es una necesidad de justicia social e histórica hacia las mujeres, en una coyuntura en la que las fuerzas machistas están ocupando cada vez más espacio político.