La pobreza en España: un estigma que la democracia no ha sabido curar

 

Leo en INFOLIBRE del domingo 31 de enero, que “la pobreza tenía el terreno abonado antes del virus: la comparación con la UE desnuda el grave atraso social de España” (sic), e inmediatamente me pregunto que se ha hecho y se está haciendo mal, si después de cuarenta años de democracia, en España la pobreza sigue siendo un problema estructural, independientemente de que en situaciones de crisis profunda se agrave el problema. Las cifras son de escándalo: mientras Francia dedica el 8,3% de su PIB a protección social, España se queda en un 3,6%. Habría que preguntarse por qué esta diferencia, si no cabe suponer que los franceses sean más inteligentes que los españoles.

España durante el franquismo, no solo era un país pobre, era un país empobrecido, donde se malvivía, la mujer no tenía acceso al mercado de trabajo, las comodidades de cualquier país europeo eran una quimera imposible, los salarios eran tan bajos que se tenía que ejercer el pluriempleo y un elevado número de trabajadores tuvo que emigrar  Europa para poder dar de comer a sus familias. Todo esto es lo que la propaganda oficial de un régimen que se ha perpetuado en muchos aspectos en el tiempo,  ha tratado de ocultar, y no solo eso, pues no es un problema exclusivo que esa parte de nuestro pasado se haya hurtado de los libros de historia, como mucho de lo que fue y supuso el franquismo. El grave problema es que los desequilibrios estructurales de desigualdad se han perpetuado durante la democracia, como si de un estigma social y de país se tratara, imposible de curar. Por eso el riesgo de pobreza en España durante los últimos quince años no ha bajado del 18%, alcanzando una cifra estratosférica para un país democrático en 2021, con un 26% de la población. Es decir,  más de un cuarto de la población española está en riesgo de pobreza y no parece que ningún gobernante se vaya a rasgar las vestiduras por ello.  

Habría que mirar al pasado para entender el porqué de esta situación. Es en la restauración borbónica de 1875 cuando se fraguan las nuevas élites, que junto con las antiguas de carácter principalmente nobiliario, crearon un país con una estructura social tan compartimentada y diferenciada, que casi podríamos hablar de una democracia estamental. Una élite de poder que solo tiene como objetivo perpetuarse en él, al igual que las casas nobiliarias y la monarquía, a las que les une el fin de conservar la herencia a las generaciones venideras y aumentarla trabajando lo menos posible.

Este esquema mental de entender la nación como un coto privado donde podían hacer y deshacer a su antojo, basado en el caciquismo y la explotación de las clases trabajadoras al entender a estas no como fuerza de trabajo, sino como seres serviles que les debían gratitud por darles las migajas de sus beneficios a costa de trabajos esclavos con salarios de miseria y condiciones de trabajo inexistentes. Sin olvidar el uso de las fuerzas policiales y el ejército para imponer su voluntad ante la mayoría de la población. No voy a extenderme en este asunto, que ya conocen ustedes, como las represiones brutales a los trabajadores en el final del siglo XIX y principios del XX, o las zancadillas constantes de esa élite a la República desde su inicio, que acabaron en un golpe de estado en 1936, que sumió al país, tras una cruenta Guerra Civil, en cuarenta años de dictadura fascista bendecida por la Iglesia, cuando intuyeron que podía habérseles acabado el dominio “patriótico” de la nación.

Lo preocupante es que la democracia actual no ha sido capaz de acabar con esos resortes del poder de las élites históricas (solo hay que bucear en el árbol genealógico de muchos de los que hoy están en la cima del poder político, económico y social), quizá porque la Transición no supo o no pudo poner fin a ella y las nuevas élites surgidas de la democracia posterior no mostraron mucho interés en acabar con la situación.

 El resultado es palpable con unas élites más afianzadas que nunca, cada vez más enriquecidas, vengan las crisis que vengan, y una población en la que crece exponencialmente la desigualdad y la pobreza, gracias a un cuerpo legal que ha diseñado un país para que sigan controlándolo sin mayores sustos. De ahí, que la democracia no haya sido capaz de acabar con el problema estructural del paro, que se agrava en cada crisis, y de las que se sale con peores condiciones salariales y laborales; que el trabajo precario sea la única posibilidad de encontrar empleo para mucha gente; que los sueldos no están a la altura de una sociedad moderna y democrática o que sean salarios de pobreza en España (en el año 2020 el 12,7% de los trabajadores, principalmente trabajadoras, tenían un salario de pobreza, es decir, que aun trabajando no les permite salir de su condición de pobres), y una carga impositiva poco progresiva y  muy desigual, que tiene como efecto, que las rentas cuanto más altas son, menos tributan en proporción.

Por todo ello y más que no cabe en este artículo, volvemos al principio del titular de INFOLIBRE: la pobreza es estructural en España y el coronavirus, lo único que ha hecho ha sido echar alcohol a una herida que  nunca se cierra,   con unas élites que no tiene ningún interés en que la situación cambie. Y mientras, la brecha con Europa se agranda.              

Nadie quiere a Salvador Illa

 

Estimado Salvador Illa: Mal momento has escogido para dejar el ministerio. La verdad es que en España siempre es mal momento para cualquier asunto, sobre todo si tiene que ver con la cosa pública. Uno acaba olvidando la cantidad de veces que ha escuchado: “no es el momento”. Esa maldición de frase que cae sobre el progreso como una losa de conformismo o, siendo maligno, como freno a cualquier querencia por hacer algo que no satisface al poder. Por eso, tu adiós al ministerio de Sanidad, nunca va a ser bien recibido, aunque sean los mismos que llevan tiempo pidiendo tu dimisión, los que ahora más gesticulan cuando te vas. Cosas de la sinrazón política en un país cainita como ninguno. Porque de lo que se trata no es de tu gestión al frente de la mayor amenaza para la salud de los ciudadanos y la sanidad del país, eso da igual. Podrías haber sido el saltimbanqui del gobierno, que si sacaras mucho la cabeza, no tardarías en convertirte en un muñeco de tiro al blanco, de esta feria de pueblo perdido en la ignorancia, en la que se ha convertido la política en España.

Pero tu problema se agrava y la cacería solo acaba de empezar, al mutarte en candidato a las elecciones catalanas. Siento decirte que se acabaron los amigos políticos. Incluso aquellos que aplaudían tu gestión hasta hace poco, se van a convertir en feroces neandertales a la caza de la presa. Sobre todo, porque tu candidatura ha trastocado los planes de muchos y dado alas a la mediocridad de otros, poniendo nerviosa a demasiada gente.

Por eso no va a haber misericordia contigo, y no solo te van a acusar de haber traído la pandemia al país y al mundo, para forjar tu imagen de candidato a las elecciones catalanas, sino que no tardarán en convertirte en el único responsable de todas las crisis que ha desatado esta pandemia. Triste final para un buen ministro de Sanidad en circunstancias extremadamente difíciles.

Ignoro cómo va a ser tu papel de candidato, pero a mí me has parecido un buen ministro, el mejor junto con la titular del ministerio de Trabajo. No tengo por qué ocultarlo, porque, además,  ni debo nada a tu Partido, ni tu Partido me debe nada a mí. Lo digo desde la honestidad y la convicción de que lo mejor que nos ha podido pasar en este país durante estos duros meses, es tener un filósofo al frente del ministerio de Sanidad; una persona acostumbrada a pensar y ponderar todos los pliegues de la realidad. No me imagino que al frente del  ministerio hubiera habido un médico o un economista, con sus visiones correctas de las cosas, pero limitadas a su área de conocimiento.

Decía antes que has puesto nerviosos a  tus adversarios en las elecciones catalanas. Tanto que todos han apostado por aplazar las elecciones, a ver si el denominado “efecto Illa, que tanto gustan los medios de comunicación propagar, se diluía como un azucarillo en la mediocridad cortoplacista de la política catalana, que no es mucho más mediocre que la española, la europea y la  mundial. No te des por aludido, pero es que corren malos tiempos para los políticos, sobre todo por su incapacidad de mirar a la sociedad como un ente de ciudadanos con problemas reales y no como un número de votos en una encuesta.

Para terminar, solo tengo que decirte que te estoy agradecido por tu trabajo al frente del ministerio de Sanidad estos meses;  desearte que tengas  mucha suerte en tu nueva andadura política, a ver si introduces un poco de sentido filosófico a la política catalana y se acaba con ese frentismo imbécil de nacionalismos trasnochados,  que se ha instalado en la sociedad de Cataluña y, por extensión, en el resto de España.       

La necedad por bandera

Querido Pablo: Pensábamos muchos que siendo vicepresidente del gobierno tu incontinencia verbal se iba a moderar. Ya lo dijo don Quijote respondiendo a la ignorancia de Sancho cuando se regodeaba por su título de gobernador de la ínsula de Barataria: “el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa de que sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún discreto edificio”. Así es, por los siglos de los siglos. Ahora nos has sorprendido con una de las comparaciones más tontas que se han escuchado en los últimos tiempos, y de eso vamos sobrados. Además, esa salida de tono es mucho más grave cuando sale de la boca desbocada, de alguien que se presume inteligente y defensor de las maldades del fascismo.

Convendrás conmigo que tu afirmación, mejor dicho comparación de Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil, no solo no ha sido afortunada, sino que además ha rayado el insulto. Quizá por querer defender sin un atisbo de juicio lo que hace mucho tiempo no se sostiene en cualquier mente cabal. No sé si por querer aparecer como el adalid de la buena justicia en España, de la que estamos tanto a faltar, o por querer demostrar que sigues estando en contra de que los enjuiciados del “procés” sigan en la cárcel, o voy más lejos, están en la cárcel. Somos muchos los que pensamos así y no por ello decimos necedades delante de un micrófono, como si estuviéramos de cañas con los amigos en el bar.

Pero la comparación es fatal para la inteligencia. Veamos, Puigdemont es un señor que después de saltarse a la torera la norma constitucional de convivencia entre los diferentes territorios de España (y no porque a muchos nos guste cambiarla deja de estar vigente), a sabiendas de lo que estaba haciendo, es decir, con cierta prevaricación, actúa como los fariseos que tiraban la piedra y escondían la mano. O en expresión más moderna: después de liarla parda, se largó y dejó a sus socios con el culo al aire, muchos de ellos aposentándolo ahora en la cárcel.

Ese señor, que se fue como un cobarde zelote, a esconderse de sus actos, viviendo en un casulario de lujo, como un  marqués de la sopa boba, no se puede comparar, salvo con una borrachera de delirio nacionalista, con los cientos de miles de exiliados que tuvieron que abandonar España en 1939 huyendo del fascismo, para salvar su vida y su dignidad. Que acabaron, muchos de ellos, en campos de concentración, luchando en la Guerra Europea contra el nazismo, perdida su memoria allende los mares y/u olvidados por la historia y por los que ahora los defienden.

 El uno es un cara derrotado por su propia egolatría de mesías aterrizado en Cataluña para salvarla de los demonios españolistas. Los otros son víctimas de una guerra civil ganada por el fascismo golpista, que solo tenía como objetivo su aniquilación, moral y ciudadana, cuando no física.

Por eso, el vicepresidente del gobierno debería ser más cuidadoso cuando trata de justificar sus ideas. Sobre todo cuando cae en el ridículo dañoso y provoca desafección hacia su formación política, que a mí se me antoja necesaria para el devenir de un futuro progresista de España, al actuar como contrapeso en la balanza de la izquierda. Podría ser un importante político si su inteligencia estuviera un peldaño por encima de su boca, lo que parece no sucede.       

     

El negocio giratorio de las eléctricas

 Otra vez a vueltas con el precio de la electricidad. Un asunto recurrente en nuestro país, que desde hace años ha convertido el coste del recibo de la luz en uno de los más caros de Europa, teniendo en cuenta que los salarios en España son sustancialmente menores que el de nuestros vecinos franceses, alemanes o italianos, por poner un ejemplo. El debate vuelve a estar servido, pero las grandes eléctricas, una vez más saldrán indemnes, como siempre sucede, hasta la próxima gran subida, sin que nadie haga nada por remediarlo, salvo poner algún que otro parche, puesto por el gobierno de turno de cara a la galería.

Cabe imaginar que los motivos que hacen intocables a las eléctricas en España son varios, entre ellos, y no menor, las puertas giratorias que han acomodado en su seno a todo tipo de ministros y gobernantes: Aznar, Felipe González, Ángel Acebes, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes, Miquel Roca, etc., etc. A nadie se le puede escapar que esta connivencia entre la clase política y las empresas energéticas es un obstáculo, parece que insalvable, que impide terminar con el monopolio, de facto, que ejercen en el mercado y los precios. Recientemente el exministro José Manuel Soria, ha reconocido que Iberdrola manipuló los precios de la electricidad en el año 2013. No creo que sea un caso aislado.

En España el recibo de la luz es un disparate que solo tiene como beneficiarias a las compañías eléctricas, por muchos planes y ofertas que hagan a los consumidores. No solo por el precio fluctuante de la electricidad en el mercado mayoritario, en un sistema de subastas que convierte a los usuarios en comparsas de la avaricia del mercado eléctrico. Además, es que se pagan unos peajes difícilmente justificables. Por ejemplo, ese invento denominado “beneficios caídos del cielo”, un dislate fuera del sentido común que nadie hace por frenar. Concretamente, se trata de 3.000 millones de euros que reciben las eléctricas al pagar la electricidad producida por las centrales nucleares e hidráulicas al precio del gas natural en el mercado mayorista, siempre más alto, entre otras cosas porque esas centrales ya tiene amortizada la inversión que se hizo en su momento, lo que reduce, sustancialmente, el coste de la electricidad que producen. ¿Y quién paga esto? Los consumidores.

Pero lo más grave es que el gobierno dice que no puede actuar y acabar con este robo que se nos hace anualmente. ¿No puede o no quiere? ¿Cuánto poder tienen estas compañías para que ningún gobierno se atreva a meterles mano? ¿Acaso un gobierno no debería actuar siempre en nombre del bien común? Parece que el beneficio de la sociedad no entra en la ecuación del beneficio de las energéticas consentido por los gobiernos.

Curioso. La única solución que se les ocurre a los que nada tienen que objetar con el dominio de los precios impuestos por las eléctricas, es que el gobierno baje los impuestos que se aplican al recibo. No que reduzcan sus beneficios astronómicos las compañías. No. La ocurrencia del neoliberalismo es que esa reducción del recibo la paguemos nosotros, todos los españoles, porque al bajar impuestos disminuye la recaudación del estado y, por tanto, los servicios. Axioma neoliberal de libro.

Hay otra solución: la creación de una empresa pública de electricidad. Anatema, porque este país renunció hace mucho tiempo a que el estado ejerciera de regulador de la economía, cuando liquidó todas lss empresas públicas en nombre de la libertad de mercado, con todas sus consecuencias nefastas para la población. La libre competencia lo único que Ha hecho es subir los precios de servicios esenciales como a electricidad.

España, siempre más papista que el Papa, y da igual el gobierno que esté. Lo que deberían explicar es por qué aquí no puede haber una empresa pública de electricidad y en Europa sí: el 62% de las empresas eléctricas de la OCDE son públicas, o participadas por las instituciones del estado,  mientras que en España solo el 5% de la energía que se genera es de producción pública. Algunos ejemplos: En Francia la Électricité de France es propiedad del Estado en un 83,65%; por cierto primer productor y distribuidor de electricidad en Europa y segundo del mundo. En Alemania, las instituciones públicas tienen un 56% de la empresa RWE, segunda compañía eléctrica del país. En Italia, el Estado es el accionista mayoritario de la empresa ENEL, la mayor del país y propietaria en España de ENDESA. Curiosamente en todos estos países y la mayoría de Europa la electricidad es más barata que en España.

Los consumidores españoles nos merecemos algo más que buenas palabras para poner freno a este disparate y ahora es el momento, cuando el gobierno anuncia una transición energética hacia las energías renovables, que sería bueno no se hiciera solo desde la barrera de la ley, algo que las grandes compañías son maestras en saltarse, sino interviniendo en la producción y la distribución con una empresa pública, que pusiera coto a la situación de privilegio actual y “hago lo que me da la gana” de las grandes eléctricas. Claro que eso supondría la renuncia de los políticos a entrar por la puerta giratoria de alguna de estas compañías.