Diputaciones Provinciales

Publicado en Levante de Castellón el 26 de octubre de 2018

Apuntes para un aniversario. Hay un tema recurrente en la política española, que surge y desaparece dependiendo de las urgencias de la coyuntura política. Se trata de las Diputaciones y el papel que juegan o no juegan en el mapa del reparto de poder y gestión administrativa del Estado. Es una asunto complicado, porque si es cierto que durante muchas décadas, desde el siglo XIX, han sido un foco de corrupción y caciquismo, que la Transición no supo o no quiso abordar, en la actualidad pueden llegar a cumplir un papel importante en el desarrollo de lo que se denomina la España Rural.

                La Constitución de 1978 consagró la provincia como “entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado” (art. 141 de la Constitución), siendo las Diputaciones la entidad de gobierno de las provincias. Pero la aparición de las Comunidades Autónomas descafeinó su función, convirtiéndolas en un organismo de colaboración menor con los ayuntamientos, en permanente colisión de funciones con los gobiernos autonómicos. Además, no son pocas las Diputaciones que durante años han sido un foco de clientelismo del Partido que las gobernaba o del cacique provincial.

                Esto y la permanente pelea para acaparar poder, por parte de las diferentes administraciones del Estado: administración central, autonomías, grandes ayuntamientos,  han convertido a la mayoría de las Diputaciones en papel mojado al servicio de los intereses partidarios, sin conexión alguna con la ciudadanía. Sin embargo, frente a quienes sostienen que son un ente inservible, habría que preguntarse ¿inservibles, para qué o para quién?

                En un momento de grave despoblación rural que está sufriendo España, toda sin excepción, las Diputaciones deberían tener un papel relevante en la solución del problema, o por lo menos en su minimización. Si como ya se ha expuesto en otro artículo publicado en este periódico (Levante de Castellón, 12 de octubre de 2018), el problema de la despoblación rural se debe a la falta de infraestructuras, servicios y buenas comunicaciones, entre otros, la Diputaciones son esa parte de la administración cercana a los ayuntamientos y buenas conocedoras de los problemas existentes en cada provincia.

                A nadie se le escapa, que la vida en las poblaciones rurales sería mucho más difícil sin la intervención de la Diputación, en todos los aspectos: social, económico, laboral, cultural, sanitario, etc. Solventado, o en vías de terminar con él, el grave problema que durante años han tenido de caciquismo, una nueva política de desarrollo hacia el medio rural daría sus frutos. Pero no es suficiente. Las Diputaciones necesitan una reforma política que las dote de unas competencias definidas en el ámbito rural, donde tienen mayor capacidad de intervención y son más necesarias.

                Ese es el reto: luchar con todas sus capacidades contra la despoblación rural en todas sus manifestaciones, para que los habitantes del campo o la montaña o la costa, no se sientan ciudadanos de segunda, con competencias y financiación que las den autoridad para solucionar el problema. Pero también en colaboración con otras administraciones, sobre todo la autonómica, que debe ser consciente, de que el fin último de su existencia es mejorar la vida de los habitantes de su región.

                El cuarenta aniversario de la Constitución no debe ser un canto de sirena a la carta magna ni un cierre de filas para que permanezca inmutable en el tiempo, porque si esa es la intención, acabará siendo papel mojado y, por tanto, una Ley inservible. Más bien al contrario, hay que abrir el texto a los nuevos retos que tiene planteada la sociedad española del siglo XXI, y uno de esos retos es otorgar a cada administración el papel que le corresponde. Y que duda cabe, que las Diputaciones tienen un importante cometido como representantes del Estado en el ámbito rural y así se debe reconocer.