Despoblación rural

                                                                                                                               Ares del Maestrat

Publicado en Levante de Castellón el 12 de octubre de 2018

Parece que la gran política se ha dado cuenta ahora del grave problema de despoblación que están sufriendo la mayoría de los territorios en toda la península, por lo menos en su parte española. Un problema que no es desconocido, porque se viene produciendo desde que el nuevo capitalismo, de la mano de la Revolución Industrial, irrumpe en la sociedad española cambiando todas las formas de vida, y relacione sociales y económicas anteriores.

 Es decir, el despoblamiento de las zonas rurales empieza en el siglo XIX, acentuándose En España, sobre todo, en la segunda mitad del siglo pasado.  La necesidad de mano de obra en la industria, provoca un  movimiento migratorio del campo a la ciudad imparable, que luego, cuando se han producido las sucesivas crisis del capitalismo, arrojando a miles de personas al desempleo y la exclusión social urbana, no se ha revertido en un  movimiento de vuelta los pueblos rurales.

                Los que ya tenemos suficiente edad para hacer memoria de cómo era la España de los años cincuenta y sesenta, todavía nos acordamos de la intensa vida que había en muchas localidades rurales, y cómo se fue apagando, por desidia de las autoridades políticas, produciéndose un fenómeno que mientras vaciaba los pueblos en el campo o la montaña (los pueblos de la costa, o muchos de ellos, se salvaron por el turismo) otras localidades, cercanas a las ciudades, experimentaron una explosión demográfica sin parangón en nuestra historia, con no pocos problemas de saturación que, en este caso, sí fueron solucionados por los poderes políticos,  porque tenían un claro interés económico en ello. Por poner dos ejemplos: en el lado del híper aumento demográfico podríamos situar a la localidad de Móstoles en Madrid, que en 1960 tenía 2.500 habitantes y en 2017 206.000; en cambio, en el lado de la despoblación, bien nos puede servir la localidad castellonense de Ares del Maestrat, que si en 1960 tenía 1.000 habitantes, en la actualidad, no llega a los 200 (197 en 2017).

                La despoblación de las zonas rurales puede tener muchas lecturas, cuando nos ponemos a buscar las causas, pero hay dos que son fundamentales: los servicios y las comunicaciones. Nadie quiere vivir hoy en lugares donde no hay médico ni escuela ni internet ni una buena red de comunicaciones por carretera o ferrocarril, incluyendo aquí el transporte público. Pero además, hay otro factor que tiene mucho que ver con la despoblación: nos referimos a la facilidad que tiene el poder para controlarnos en las ciudades, siendo mucho más efectivo cuando estamos todos agrupados, que si vivimos dispersos.

                La despoblación rural no es un problema mayor que la superpoblación urbana a la que nos quieren avocar. Sólo hace falta voluntad política con medidas que sean sugerentes para que la gente no se tenga que ir de sus pueblos por obligación. ¿Cuántos de quienes viven en las ciudades regresarían al campo si hubiese unas condiciones similares a las urbanas? En vez de lamentarse, los políticos deberían ponerse a trabajar en medidas como la mejora de los servicios públicos, las inversiones en infraestructuras, planes de sostenibilidad económica y fomento de la cultura rural, como un elemento de identidad que vertebre la sociedad no urbana. Medidas que revertirían la actual despoblación.

                 Pero para todo ello, hace falta que los políticos dejen de hablar tanto de sí mismos y pelear por aumentar sus parcelas de poder.  Es necesario que las instituciones asuman que el ámbito rural también es competencia suya, y aquí deberían cumplir un importante papel las Diputaciones, como entidades vertebradoras del territorio, si tuvieran las competencias para poner en marcha una política de desarrollo rural, capaz de aumentar la población en los pueblos.

                Volver a recuperar el mundo rural no se trata de obligar a la gente a que vuelva a su pueblo, sino facilitar que quien quiera hacerlo, sepa que sus derechos como ciudadano no se van a ver disminuidos por la despreocupación del poder.