Una ley electoral para todos

                                                                                                                        Imagen: Space? 20017

Publicado en Levante de Castellón el 9 de febrero de 2018

Parece que Cs y Podemos dejan de planchar el lienzo inmaculado de su ideología y se dan cuenta que en democracia los Partidos han de tener una cintura más flexible que una bailarina de danza del vientre.

Después de varios años de declarase enemigos irreconciliables, pocos, porque en política son tiernos infantes todavía, empiezan a aterrizar y a darse cuenta de que los maximalismos no son buenos en el mundo político, ni siquiera entre posiciones divergentes en el arco ideológico. En la democracia española hay muchos huecos que se pueden rellenar si Podemos y Ciudadanos son capaces interiorizar que son ellos los que tienen que ir tapando los agujeros democráticos que la Transición no pudo o no quiso tapar. Porque si es una majadería intelectual decir que en España sigue vigente el franquismo, resulta todavía más grave negar que la democracia española tiene muchos defectos derivados de las imposiciones que el postfranquismo puso en la Transición a la izquierda, sobre todo, so pena de dar al traste con las aspiraciones democráticas de la sociedad española.

                Una de las más graves deficiencias democráticas que venimos arrastrando desde 1977 tiene que ver con la legislación electoral. La normativa actual se regula por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, que fue aprobada por el gobierno del Felipe González, en aquellos años con mayoría absoluta en las Cortes. Tiene su antecedente en el Decreto Ley de marzo de 1977, aprobada por el gobierno de Adolfo Suárez, que tuvo como ponentes a Óscar Alzaga, Miguel Herrero de Miñón y Landelino Lavilla, entre otros ilustres políticos de la derecha española postfranquista, que más tarde formaron la UCD. El decreto ley tenía como principal objetivo cerrar el paso a una previsible victoria de la izquierda en la inmediatas elecciones, que por aquel entonces era mayoritaria en la sociedad española. De hecho el resultado de las elecciones de junio de 1977 arrojó el triunfo en votos de la izquierda: 8.241.000 votos, frente a los 8.188.000 votos de la derecha. ¿Por qué, entonces, la derecha nacional sumo 184 diputados y la izquierda 143? La explicación está en la norma electoral que se sacó de la manga un sistema muy lejos de la proporcionalidad, primando las áreas rurales, más proclives al voto conservador, frente a las urbanas, más favorables al voto progresista. En otras palabras, se implantó un sistema provincial que daba dos diputados, como mínimo, a cada una de las provincias, independientemente de su población, lo que facilitaba la consecución de escaños en las zonas menos pobladas, es decir, las rurales, frente a las de mayor población y número de votantes. El frenazo electoral de la izquierda fue en seco.

                Lo gracioso de esto es, que pudiendo haberse modificado en 1985, no se hizo, y se  convirtió el decreto ley en Ley Orgánica, toda vez que los dos grandes Partidos de la Transición entendieron que, si ya no se trataba de frenar a la izquierda, el sistema proporcional corregido implantado en 1977 les garantizaba la hegemonía política en España, volviendo a instaurarse un sistema de turnismo similar al  de la Restauración, impuesto por Cánovas del Castillo y Sagasta, hasta la fecha.

                Esta rémora postfranquisa de la Transición no es menor, porque ha conseguido que gran parte del voto de los españoles durante estos últimos cuarenta años, se haya ido a la papelera, curiosamente los de la izquierda del PSOE, dando pie a la invención de ese concepto tan degradante para la democracia como es el voto útil. Algo que también ha venido sucediendo en Cataluña, que tienen un sistema electoral calcado del español.

                Por eso es bueno que Ciudadanos y Podemos se pongan de acuerdo en reformar la Ley electoral, poniendo fin a este disparate democrático que tenemos en España, para dar cabida a los  nuevos Partidos, incluso otorgarles la capacidad de gobierno que ahora es imposible que tenga. Lo hemos visto en las elecciones catalanas, que con un sistema electoral verdaderamente proporcional, habrían dado a Ciudadanos, no sólo la victoria, también la posibilidad de formar gobierno; y se puede calibrar en que Podemos necesitaría sacar 600.000 votos más que el PSOE, para obtener los mismos escaños, según un estudio del analista electoral Jaime Miquel.

                En definitiva. El futuro político de España pasa, principalmente, por la aprobación de una nueva Ley electoral que dé a cada voto un valor similar y proporcional. Ha llegado el momento para que la sociedad española dé el salto hacia una democracia más ecuánime en su representación política. Cabe esperar que Podemos y Ciudadanos, que son los Partidos que están llamados a cambiar el panorama político del país, se pongan de acuerdo en un asunto de máxima relevancia, y que PSOE y PP, entiendan que el tren del bipartidismo ha pasado y vienen nuevos tiempos. Si no, la apisonadora de la historia les pasará por encima.