Resulta
muy poco edificante la concesión de la libertad bajo fianza al futbolista Dani
Alves si abona un millón de euros, porque el mensaje que transmite es que la
impunidad se extiende en la sociedad si eres rico y capaz de pagar para no cumplir
con cárcel el castigo por los delitos que puedas cometer o hayas cometido. Eso
así, grosso modo, en un país donde los ricos, poderosos y famosos, se libran de
ir a prisión pagando multas, en algunos casos mareantes, o llegando a acuerdos
de conformidad con los tribunales, después de abonar cantidades desorbitadas a
los despachos de abogados que les defienden. Otra brecha más que se agranda
entre ricos y no ricos, en donde la judicatura no deja de ser cómplice y
algunos políticos prefieren mirar para otro lado, siempre que los investigados
o condenados no sean de los suyos o simplemente no están en su universo
patrimonial, no vaya a ser que al final tengan que echar ellos mano de esos
privilegios. Lo que nos hace ver que la justicia no es igual para todos, y que
a pesar de las peroratas mitineras de algunos partidos, los españoles no somos
iguales ni ante la ley ni ante sus ojos.
Pero
el caso Alves es todavía mucho más grave porque se trata de una violación que
no debería tener ninguna clase de beneficio penitenciario. En un momento en el
que la violencia hacia las mujeres, en sus diferentes formas, parece crecer, y
cuando está ocupando el poder, en no pocas instituciones, el machismo más
rancio negacionista, que cuestiona la verosimilitud de la violencia de género,
este tipo de decisiones judiciales deberían ser más cuidadosas. En general, las
decisiones de los jueces y juezas, en lo que respecta a la violencia contra las
mujeres, deberían ser más juiciosas, para no generar equívocos en la sociedad y
confusión, cuando no temor, en las mujeres. Una sociedad que no es firme con
determinados delitos, lo que está provocando es que no se tomen en serio y, por
tanto, el número de casos aumente. Y por desgracia, ya son demasiados los
“errores” judiciales en este asunto, colocando a las mujeres en una posición de
vulnerabilidad que parece preocupar poco en determinados estamentos de la política
y la judicatura, en contraste con su actitud beligerante contra otras leyes que
no ponen en riesgo ni la vida ni la seguridad de nadie. Incluso, que clamaron
contra la Ley del “solo sí es sí”, porque estaba provocando excarcelaciones de
violadores y ahora callan, con un silencio que es demasiado atronador.
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