La vivienda, un derecho olvidado

 

Ruido. Demasiado ruido en la política española, que sólo sirve para salvar el culo de algunos dirigentes políticos, que prometieron la luna a sus seguidores y no pudieron pasar del cinturón de satélites artificiales que rodea la tierra. Cacofonía sonora que oculta las verdaderas necesidades que tenemos los españoles, en una pirueta circense que nos conduce al enquistamiento de los problemas; un ejercicio de prestidigitación disonante que desvía nuestra atención para fijarnos sólo en lo que no nos interesa.

Entre esos problemas, uno de los más graves es el de la vivienda, por la incapacidad o desinterés de la política y la sociedad para dar solución a la necesidad de cualquier persona a tener un espacio donde vivir con dignidad a un coste razonable. Es un derecho tan primario, que incluso está recogido en la Constitución como un derecho inalienable.

El artículo 47 de la Constitución Española dice: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos»

¿Entonces qué está pasando?

Asistimos a una defensa encendida de un constitucionalismo de bandera, himno y patria, patria, patria, o de anuncios que nunca llegan a materializarse, como si eso nos diera de comer o proporcionara un habitad decente, por quienes entienden la vivienda como un derecho selectivo, es decir para ricos o economías muy acomodadas, y el resto a vivir en comuna o en cuevas (esto no es una metáfora, sólo tienen que darse un paseo por lo que se está ofertando en las grandes ciudades como espacios donde vivir). Y sin embargo, en esas mentalidades de capitalismo de sálvese quien pueda, las personas que reclaman soluciones habitacionales o se rebelan contra la despiadada lógica del mercado cuando les expulsan de sus casas, son tratados como agentes antisistema; como enemigos del buen orden capitalista; como vagos que quieren tener el privilegio de vivir en una casa donde levantarse cada mañana y dormir cada noche.

Es decir, aquellos que defienden un derecho constitucional son casi delincuentes y los que se lo saltan a la torera son ciudadanos de buena familia. Es el mundo al revés. Un mundo donde la lógica social de bien común está desapareciendo engullida por el voraz apetito del capitalismo salvaje instalado en la sociedad. Y si esto pudiera ser comprensible en aquellos agentes que sólo buscan la optimización del beneficio caiga quien caiga, nunca lo puede ser en quienes tienen la obligación de poner freno a esos intereses, para que todos y todas, podamos acceder a una vivienda o no tener la Espada de Damocles inmobiliaria y financiera encima de nuestras cabezas, cada vez de una forma más constante y estructural.

Son mucho los factores que han conducido en este país a la situación actual de gravísimo problema de acceso a la vivienda. La verdad es que nunca lo ha tenido solucionado, porque la especulación, que es prima hermana de la corrupción, ha sido, casi siempre, la que ha marcado el paso de la política habitacional. Pero nunca el problema ha sido tan grave como el que se genera a raíz de la Ley del Suelo de 1998, aprobada por el gobierno de José María Aznar, por la que se declaraba que todo terreno era urbanizable, salvo que se dijera lo contrario. Esto supuso que los ayuntamientos, viendo que se abría una vía de financiación importante, hicieran dejación de sus obligaciones de ofertar vivienda pública en régimen de alquiler o VPO, para llenar las arcas municipales y que algunos vecinos e inmobiliarias pasaran de la noche a la mañana a enriquecerse. Pero también supuso que las comunidades autónomas y el gobierno central hicieran la vista gorda al ver que su capacidad recaudatoria aumentaba exponencialmente. Todo ello, sin hacer mención a que la gran mayoría de la corrupción existente en España desde aquellos años, tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Esto es, grosso modo, un explicación muy sucinta de los orígenes del problema actual. Pero lo cierto es que ningún gobierno ha hecho los deberes como debería, promoviendo vivienda pública, y de aquellos barros estos lodos.

Sólo hay una manera de acabar con el desorden de precios tanto en la compra de vivienda, como en los alquileres. De nada sirven medidas de autocontención, de fijación de precios, de eliminación de abusos o recomendaciones que apelan a la buena voluntad del capital. A mi juicio, la única forma de conseguir que todo el mundo pueda hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, es el alquiler público, como existe en otros países. Para no marear, no voy a poner datos comparativos con los países de nuestro entorno, pero sí diré que España es el que tiene el porcentaje más bajo de vivienda social de todos, con sólo un 3% del parque total.

O ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central se ponen manos a la obra urgentemente a construir, alcanzar acuerdos con propietarios de viviendas vacías (muchas de ellas en manos de bancos: casi 400.000) y ofertar en alquiler los miles de viviendas que cayeron en manos de la SAREB, ese banco inmobiliario público que se creó para aliviar las deudas impagadas de la banca, que dispone de un parque de 50.000 viviendas vacías, o nada va a frenar el problema de acceso a la vivienda que tiene millones de españoles entre familias desfavorecidas y gente joven, a corto y medio plazo.

El gobierno actual ha anunciado la puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales. No es una cifra pequeña, aunque sí insuficiente. Pero, de momento, sólo es un anuncio, sin concreción ni plazos ni información veraz de ningún tipo. La oposición, en vez de apoyar la medida e incluso mejorarla y exigir que se cumpla, que sería lo correcto en unos dirigentes políticos preocupados por solucionar el problema, sigue envuelta en la bandera, la unidad de España y las urgencias por alcanzar el gobierno (¿Para solucionar el problema de la vivienda?). Y mientras, la vida de los españoles se complica más y más, porque no nos olvidemos de que la imposibilidad de tener una vivienda digna y a precio asequible, tiene connotaciones negativas en muchos aspectos de nuestra vida.

Por último. La única manera de controlar el apetito voraz de empresas y particulares con los precios del alquiler es inundar el mercado de alquileres públicos y sociales. Es la lógica del mercado competitivo: a más oferta precios más bajos.