Y el Tribunsal Supremo hizo

He de confesar que me resulta difícil escribir este artículo sin caer en la tentación de la crispación y el enfrentamiento político vano, que sólo conduce a menos democracia y más extrema derecha. Intentaré ajustarme a una visión, exclusivamente, de defensa de la democracia como sistema político que se basa en la tolerancia, la concordia, la justicia y el bienestar, además de la libertad y la igualdad. No es poco lo que acabo de escribir. Pero sin estos valores, como faro que ilumine el país ante la negrura del nuevo fascismo que campa, cada vez más a sus anchas, por valles, montañas, llanuras, tribunales, púlpitos y medios de comunicación, nos podemos encontrar con sentencias, adelantada en forma de fallo judicial, como la que condena al Fiscal General, sin más argumento probatorio que las suposiciones de la acusación y las ganas de una gran parte de la judicatura de ajustar cuentas con un fiscal que nunca quisieron, y ya desde el minuto uno de su nombramiento se propusieron quitar de en medio, y horadar, un poco más, como termitas justicieras, el edificio que sostiene al gobierno progresista y su presidente. Un dos por uno, vamos.

El problema, es que esta utilización torticera de las instituciones que está haciendo la derecha actual; este servilismo de la judicatura, por lo menos en sus instancias más altas: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, etc. (tienen clavada la espina de no tener colonizado el Tribunal Constitucional, por eso arremeten cuando pueden contra él), va socavando día a día la confianza de la ciudadanía en la democracia, y cuando esto sucede, como podemos observar si miramos un poco al pasado, la extrema derecha hace caja.

No es nuevo que el Tribunal Supremo se esté convirtiendo en algo parecido al antiguo y tristemente recordado Tribunal de Orden Público del franquismo. Y no lo digo por hacer una gracia. En los últimos años, sobre todo desde que se aprobó la Ley Mordaza y el Partido Popular lo colonizó desde los tiempos de J.M. Aznar, y lo tomó al asalto con M. Rajoy presidente del gobierno, no el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, que ese no se sabe quién es, se han sucedido las sentencias condenatorias de cantantes, cómicos, sindicalistas, feministas y políticos de la izquierda radical. Acuérdense del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por, “supuestamente”, agredir a un policía en una manifestación, teniendo que dejar su escaño en el Congreso, siendo luego anulada parte de la sentencia porque según el Tribunal Constitucional, el diputado sufrió una desproporcionada condena que lo expulsó del Congreso. Veinte años de mayoría conservadora afín al Partido Popular, con Manuel Marchena presidiendo la Sala de lo Penal, han dado para mucho: desde el juicio del Procés, con un fuerte olor a tufo nacionalista español; a la negativa de aplicar la Ley de Amnistía; a la falsa causa abierta contra la jueza y diputada de Podemos Marina Rosell; o a la sentencia de los ERES en Andalucía, en fin, a modo de ejemplo.

Volviendo a la condena del Fiscal General, no voy a hablar de golpe de Estado judicial, que es una palabra muy gruesa, pero sí parece que todo apunta a que se está cumpliendo aquella frase del gurú de la derecha española más rancia y conservadora, J.M. Aznar: “El que pueda hacer que haga”. Algo que el Tribunal Supremo, o por lo menos una parte de él, se ha tomado en serio, a tenor de lo visto.

El daño ya está hecho, y no me refiero al Fiscal General, sino a la desconfianza que este fallo judicial (la sentencia es ya algo de puro trámite, porque tienen que justificar la condena, aunque sea reconociendo que la Tierra es plana), va a generar en la justicia española un desapego, que si ya de por si venía siendo difícil no tener, ahora lo hace imposible.

Pero a la derecha española, dimitida de la voluntad de mejorar España desde sus postulados, tan respetables como cualquier otro, lo único que le interesa desde J.M. Aznar es obtener el poder que otorga estar en la Moncloa, aunque sea dinamitando la democracia y el país. Eso es lo que nos demuestran cada día, en cada declaración, en cada titular de sus medios afines y, ahora, desde hace un tiempo, en la utilización de la judicatura, de mayoría conservadora y endogámica, como recurso inapelable para alcanzar el poder político, que es el único que les falta, para que España vuelva a ser un coto de caza privado, para su uso y disfrute exclusivo, aunque tristemente se parezca cada vez más a “La escopeta nacional” de Berlanga. El Fiscal General del Estado, es sólo una pieza más en su romería rociera hacia el Sancta Santorum de la Moncloa, y no va a ser la única. Y digo esto sin acritud ni deseando mal a nadie.