Todo por el empleo

Publicado en Levante de Castellón el 21 de septiembre de 2018

Una de las mayores distorsiones sociales del capitalismo liberal es trasmitirnos la idea de que el empleo está por encima de cualquier otra consideración, es decir, que por el empleo vale todo. De este manera, en su nombre, justificamos condiciones laborales y salarios miserables, que en muchas ocasiones convierten el trabajo en dura y pura esclavitud. Vemos con desinterés, cómo una de las grandes manifestaciones de los derechos humanos, recogida, entre otros ámbitos, en nuestra Constitución, que proclama la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o manera de peinarse,  se viene abajo cuando se enfrenta al mundo laboral, y las discriminaciones, de todo tipo, están a la orden del día en empresas. En nombre del empleo se justifican centrales nucleares o el cambio climático, que se aparca si atajarlo supone pérdida de puestos de trabajo; las democracias se bajan los pantalones, si de lo que se trata es vender armas a dictaduras, porque garantizan faena a los trabajadores; tiramos al cajón del olvido la seguridad y la salud laboral, si estas suponen una traba para el empleo; o sectores que están en franco retroceso, exigen, para garantizar la ocupación, grandes cantidades de subvenciones públicas.

                Pero si rascamos con un poco de denuedo, lo que encontraremos no es tanto una salvaguarda de los puestos de trabajo por parte de quienes ostentan el poder económico y político, sino la defensa de intereses que tiene que ver con la clase dominante. Porque cuando se han tenido que hacer reconversiones en sectores que necesitaban un ajuste, para que las élites económicas pudieran sobrevivir, al poder no le ha temblado la mano: véanse las reconversiones industriales de los años ochenta, el reajuste de la industria cerámica o la concentración del sector bancario, entre otros. Todo con el único fin de aglutinar el poder económico en pocas manos. Entonces, poco o nada les ha importado la pérdida de puestos de trabajo. Incluso en los servicios públicos: sanidad, educación, seguridad, etc., no ha sido un impedimento destruir empleo de calidad, sustituido por peores condiciones laborales, al transferir estos servicios a la iniciativa privada.

                Uno puede comprender que el trabajador que ve peligrar su puesto por amenaza de cierre, deslocalización de su empresa, perdida de carga de trabajo o cualquier otra causa, se rebele, porque, en definitiva, todos queremos cobrar un sueldo a fin de mes que nos permita llevar una vida lo más digna posible. Eso es ley de vida y no debe ser criticable, aunque la defesa de su puesto de trabajo suponga saltarse a la torera el medio ambiente, la moral y los derechos humanos. Lo que no es de recibo es que los dirigentes políticos no den alternativas al empleo, cuando este se sienta amenazado.

                La explotación de nuevos yacimientos de empleo que estén en sintonía con una sociedad basada en la ética, la sostenibilidad, la igualdad y la preservación del medio ambiente, debería ser uno de los principales objetivos de la política. No es tan difícil, sólo hay que tener voluntad y coraje, y un clase política menos cortoplacista, con la vista puesta en las encuestas electorales. De esta manera, ningún trabajador tendría que elegir entre su puesto de trabajo o vender bombas. Ni encontrarse en el dilema de tener que defender el deterioro del medio ambiente, para defender su empleo. Ni dejarse explotar para llevarse un sueldo a final de mes

                En nombre del empleo no puede valer todo, y eso es responsabilidad de los dirigentes políticos y no de quien necesita trabajar para poder vivir.