Publicado en Levante de Castellón el 21 de septiembre de 2018
Una de las mayores distorsiones
sociales del capitalismo liberal es trasmitirnos la idea de que el empleo está
por encima de cualquier otra consideración, es decir, que por el empleo vale todo.
De este manera, en su nombre, justificamos condiciones laborales y salarios
miserables, que en muchas ocasiones convierten el trabajo en dura y pura
esclavitud. Vemos con desinterés, cómo una de las grandes manifestaciones de
los derechos humanos, recogida, entre otros ámbitos, en nuestra Constitución, que
proclama la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o manera de
peinarse, se viene abajo cuando se
enfrenta al mundo laboral, y las discriminaciones, de todo tipo, están a la
orden del día en empresas. En nombre del empleo se justifican centrales
nucleares o el cambio climático, que se aparca si atajarlo supone pérdida de
puestos de trabajo; las democracias se bajan los pantalones, si de lo que se
trata es vender armas a dictaduras, porque garantizan faena a los trabajadores;
tiramos al cajón del olvido la seguridad y la salud laboral, si estas suponen
una traba para el empleo; o sectores que están en franco retroceso, exigen, para
garantizar la ocupación, grandes cantidades de subvenciones públicas.
Pero
si rascamos con un poco de denuedo, lo que encontraremos no es tanto una
salvaguarda de los puestos de trabajo por parte de quienes ostentan el poder
económico y político, sino la defensa de intereses que tiene que ver con la
clase dominante. Porque cuando se han tenido que hacer reconversiones en
sectores que necesitaban un ajuste, para que las élites económicas pudieran
sobrevivir, al poder no le ha temblado la mano: véanse las reconversiones
industriales de los años ochenta, el reajuste de la industria cerámica o la
concentración del sector bancario, entre otros. Todo con el único fin de
aglutinar el poder económico en pocas manos. Entonces, poco o nada les ha
importado la pérdida de puestos de trabajo. Incluso en los servicios públicos: sanidad,
educación, seguridad, etc., no ha sido un impedimento destruir empleo de
calidad, sustituido por peores condiciones laborales, al transferir estos
servicios a la iniciativa privada.
Uno
puede comprender que el trabajador que ve peligrar su puesto por amenaza de
cierre, deslocalización de su empresa, perdida de carga de trabajo o cualquier
otra causa, se rebele, porque, en definitiva, todos queremos cobrar un sueldo a
fin de mes que nos permita llevar una vida lo más digna posible. Eso es ley de
vida y no debe ser criticable, aunque la defesa de su puesto de trabajo suponga
saltarse a la torera el medio ambiente, la moral y los derechos humanos. Lo que
no es de recibo es que los dirigentes políticos no den alternativas al empleo,
cuando este se sienta amenazado.
La
explotación de nuevos yacimientos de empleo que estén en sintonía con una
sociedad basada en la ética, la sostenibilidad, la igualdad y la preservación
del medio ambiente, debería ser uno de los principales objetivos de la
política. No es tan difícil, sólo hay que tener voluntad y coraje, y un clase
política menos cortoplacista, con la vista puesta en las encuestas electorales.
De esta manera, ningún trabajador tendría que elegir entre su puesto de trabajo
o vender bombas. Ni encontrarse en el dilema de tener que defender el deterioro
del medio ambiente, para defender su empleo. Ni dejarse explotar para llevarse
un sueldo a final de mes
En
nombre del empleo no puede valer todo, y eso es responsabilidad de los
dirigentes políticos y no de quien necesita trabajar para poder vivir.
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