Publicado en Levante de Castellón el 15 de diciembre de 2017
El 13 de enero de 2013, el
Tribunal Constitucional pone fin a una larga disputa, que venía manteniéndose
desde los años 80 del siglo pasado, entre la Generalitat de Cataluña y el
Gobierno Central, La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca.
El objeto de tan larga y enconada querella se debía a la reclamación por parte
de la Generalitat Catalana de cientos de miles de documentos, públicos y
privados, que fueron expoliados por Franco, cuando las fuerzas golpistas
ocuparon Cataluña y enviados a Salamanca, donde se encontraba el cuartel
general del ejército franquista, con el fin de evaluar la documentación y, de
paso, fichar a más de tres millones de republicanos, para lo que ustedes pueden
están imaginando.
Fue
este caso, el de los “Papeles de Salamanca”, el primer gran encontronazo que el
nacionalismo catalán y español tuvieron, agitando, como es preceptivo en
cualquier buen nacionalismo, a la sociedad al enfrentamiento, por asuntos que
la mayoría de los que se manifestaban desconocían, pues las autoridades sólo
daban el argumento de nos quieren robar o nos han robado.
Legalmente el
conflicto se zanjó en 2005, cuando el Congreso de los Diputados aprobó una ley,
para que se devolvieran a Cataluña los documentos sustraídos al final de la
Guerra Civil. Pero políticamente el conflicto se recrudeció al ser utilizado
por el Partido Popular para desgastar al gobierno de Zapatero y atizar el
nacionalismo español contra el catalán. Frases como la dicha por el alcalde de
Salamanca: “La
Ley pone el patrimonio de Castilla y León y de
los españoles en manos de quienes se sienten más cercanos a los terroristas de
ETA que a los españoles” o de Eduardo Zaplana: “la primera ley cultural que
aprueba este Gobierno sea para deshacer un archivo nacional”, como si Cataluña
no perteneciera el territorio nacional, dan prueba de la magnitud del
conflicto, que dio pie a un reguero de recursos, liquidados por el Tribunal
Constitucional, como ya se ha dicho al principio del artículo, dando la razón a
los que reclamaban la devolución.
Después del enfrentamiento, en el que los catalanes, muy activamente
desde los sectores nacionalistas, reclamaban lo que les pertenecía, sorprende
que ahora se sientan tan ofendidos por tener que deshacerse de un tesoro
cultural compuesto de 44 piezas históricas, que los tribunales han decido se
tiene que devolver a Aragón, anulando así la venta que hicieron la Hermanas San
Juanistas de la Orden de Malta a la Generalitat de Cataluña en 1983, sin las
correspondientes autorizaciones gubernativas, al tratarse de una parte
inseparable del monasterio de Sijena, declarado monumento nacional en 1923.
Cierto que las monjas vendieron lo que no era suyo; cierto que alguien
debería devolver a la Generalitat de Cataluña el importe pagado por la compra;
cierto que esta no se debió preocupar mucho, entonces, de comprobar que toda la
documentación para la venta estaba en regla; cierto que la justicia no ha tenido
el don de la oportunidad, en un momento tan sumamente delicado en Cataluña,
para un conflicto que lleva años en litigio; cierto que el gobierno puede estar
haciendo un abuso de poder al aplicar el art. 155 para algo que no está pensado,
echando así más leña al fuego del independentismo, que no ha tardado en
flagelarse con el cilicio de víctima de Estado español. Pero no es menos cierto
que el gobierno de Aragón lleva esperando desde 2015 que le devuelvan las
piezas y la Generalitat de Cataluña ha hecho oídos sordos, al igual que lo hizo
en su momento la Junta de Castilla y León con los “Papeles de Salamanca”.
Al final, asuntos que deberían dirimirse en el seno de la concordia y
sin tanto ruido mediático, se convierten en arietes del nacionalismo, por culpa
de unos políticos que tienen la habilidad de contaminarlo todo para satisfacer
sus intereses partidistas o nacionalistas que, a veces es lo mismo. Hoy los
catalanes, unos pocos se sienten ofendidos, víctimas de esa conjura española
que sólo trata de humillarles, como al igual que en su día se sintieron expoliados
los salmantinos. Mientras tanto, suma y sigue, en un conflicto entre el
nacionalismo catalán y el español, que parece no tener fin, incluso dispuesto a
destruir la convivencia regional, si esto sirve para esconder los gravísimos
problemas que tiene el país.
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