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Publicado en Levante de Castellón el 13 de enero de 2017
El debate que no cesa en el
capitalismo neoliberal desde que los grandes grupos de poder mundial dieron por
amortizado el estado de bienestar -una vez que desintegrada la Unión Soviética
el comunismo dejó de ser una amenaza para el mundo occidental-, es el de los
impuestos. Apelar a estos como uno de los elementos causantes de la desigualdad
creciente en estos años de crisis, puede parecer recurrente y algo manido, pero
es la realidad de la desigualdad, junto
a los salarios a la baja y la precariedad del mundo laboral.
Sin
embargo, es en los impuestos, mejor dicho, en la resistencia a pagarlos por las
élites económicas, donde reside uno de los principios básicos de destrucción
del estado de bienestar, y por tanto de no distribución de la riqueza.
Los
ricos y los gobiernos que mantienen, no están por la labor de pagar impuestos.
¿Para qué?, si ellos no necesitan recurrir al Estado para tener los servicios
básicos cubiertos. ¿Qué necesidad tiene un rico ir al médico de la sanidad
pública, a juntarse con la chusma, si puede pagar una atención privada? Lo
mismo vale para la educación, la jubilación etc. No vamos a hablar de los
servicios sociales para paliar la pobreza que ellos generan con sus políticas,
esto les suena a Cáritas, y para eso ya hacen contribuciones a la Iglesia, que
además les sirven para descargar su mala conciencia, si es que llegan a
tenerla.
No
necesitan, entonces, pagar impuestos, para que otros, menos emprendedores y echados
para adelante que ellos, disfruten de una buena vida, a costa de su esfuerzo y
trabajo. Qué se paguen ellos sus necesidades, piensan. Por eso, la mayoría de
las leyes fiscales de las últimas décadas van dirigidas a freír de impuestos a
la clase media y trabajadora y a reducir, cuando no eliminar, casi, las
tributaciones de los ricos y grandes corporaciones empresariales. Aunque, como
buenos depredadores de lo ajeno, no le hacen ascos a meter mano en la caja de
Hacienda si estos les beneficia. Pongamos un ejemplo: el bombardeo de que la
sanidad pública supone un coste excesivo para el Estado, es incesante, con el
único fin de privatizar servicios y hacer negocio a costa de nuestros
impuestos. Incluso nos echan encara que pretendamos que sea gratis, como si no
pagáramos para sostenerla; claro que como ellos no lo hacen, se piensan que los
demás tampoco. Este ataque frontal al sistema sanitario público, no sólo ha
llevado a la introducción de copagos, céntimos sanitarios, que, por cierto, no
pagan las petroleras, etc., sino a la reducción presupuestaria que el Estado
aporta a la sanidad (ingresos que vienen principalmente de nuestros impuestos),
con la tijera de los recortes, que ha llevado a los gobiernos a reducir 9.500
empleos y 6.000 camas en la sanidad pública desde 2010. No nos ha de extrañar,
entonces, que la calidad del servicio se haya visto disminuida por la falta de
profesionales, y que las listas de espera (ya nadie habla de ellas) hayan
aumentado en este periodo de tiempo en un 47,5%.
Es
decir, que como el Estado no dedica dinero suficiente a la sanidad pública,
muchas personas ven agravadas sus enfermedades,
cuando no son expulsadas directa o indirectamente del sistema. Mientras,
lo que se está haciendo es transferir dinero público a empresas privadas. Entre
convenios, conciertos, subvenciones, deducciones fiscales, etc.,
aproximadamente unos 7.600 millones de euros al año, en cifras del año 2013. Lo
que nos hace pensar que la degradación de la sanidad pública es un acto
deliberadamente consciente, para beneficiar la sanidad privada, que ya no es un
derecho y a la que no todo el mundo tiene
la posibilidad de acceder.
Los
ricos no quieren pagar impuestos, de hecho pagan muy poco, poquísimo, porque
mientras usted pertenece al grupo de Hacienda somos todos, ellos se sienten
ajenos al “todos”. Lo hacen los millonarios con sus SICAV e ingenierías
fiscales; la hace Alcampo, que durante veinte años está exonerado de pagar
impuesto de sociedades; lo hace El Corte
Inglés, a quien le sale a devolver el impuesto en los últimos años; lo hacen
los bancos, las corporaciones internacionales, etc., que en conjunto no llegan
a pagar el 6% de impuestos. Lo hace la Iglesia, que no paga nada. Esto es lo
que está laminado el estado de bienestar, haciendo que la desigualdad crezca.
Porque quien hace la Ley hace la trampa y los españoles, junto al resto de los
occidentales, nos hemos empeñado en dar la llave del BOE a los tramposos, para
que hagan leyes a su medida. Y no me estoy refiriendo a ningún Partido Político
en concreto, porque en definitiva, todos han fracasado en construir un mundo
donde el capitalismo no se una máquina de fabricar desigualdad y brecha
económica y social.
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