¿Se
imaginan que los sindicatos emplearan millones de euros en comprar voluntades
políticas, para conseguir que se aprueben o no leyes? ¿Qué dirían todos
aquellos y aquellas que están celebrando que el Congreso ha rechazado la ley de
regulación de lobbies? La respuesta es fácil: se echarían las manos a la
cabeza, ¡¡¡Qué escándalo!!!, dirían, y a la cartera para que los medios afines
se lanzaran a la yugular de los dirigentes sindicales. Porque en ese ecosistema
de dependencia mutua entre determinados políticos y partidos y los intereses de
las grandes empresas, está bien visto que el dinero fluya para doblegar a
quienes tienen en su mano la regulación de las actividades económicas, de la
manera que mejor saben hacer unos y otros: regando de dinero y privilegios el
bolsillo de legisladores y gobiernos; y como no creo en la polarización política
equidistante, más a los de la derecha que a los de la izquierda.
La
pregunta que deberíamos hacernos en un país de fortaleza democrática, es si es
necesario regular los lobbies. Porque quizá, digo solo quizá, lo que habría que
hacer es prohibirlos y considerarlos como lo que son: grupos de corrupción
política que nunca pensarán en el bien común. De esa manera, algunos de los que
han votado en contra de la ley reguladora de los lobbies sabrían que no hay
espacios de legalidad para sus corruptelas. Por eso, pienso, que es un error
del gobierno haber presentado esa norma de regulación al Congreso, porque es
darles carta de naturaleza jurídica, y ya sabemos, que cuando a un corruptor se
le da un centímetro de espacio, va a encontrar un corrupto, por muy señoría que
sea, para correr por la banda disimulando que es defensa. Habría sido más
democrático acabar, legalmente, con esos grupos de presión, que se saltan,
billetera en mano o bitcoins, el normal funcionamiento de una democracia.
Porque una cosa es presionar y tratar de convencer, y otra pagar para doblegar
voluntades.
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