Las medias tintas del Gobierno con la vivienda

 

La vivienda va a ser el talón de Aquiles del gobierno si no se toma en serio un problema que ya afecta a una gran mayoría de la juventud. No es un asunto baladí que la juventud, con o sin trabajo, no pueda acceder a una vivienda digna, que le permita organizar su vida con independencia de su familia o de los compañeros de piso. Y el gobierno está actuando con medias tintas, con medidas absurdas, como la del bono, que lo único que va a conseguir es que los alquileres suban más, como ya ha ocurrido otras veces. Por no hablar de la ingenuidad ridícula de la ministra de Vivienda, apelando a los propietarios a que sean buenos y bajen los alquileres.

Ignoro cuál es el miedo que en este país se tiene al mercado, que incluso un gobierno progresista de izquierdas no se atreve a meterle mano, sabiendo que sólo hay una forma de acabar con el problema. Una única forma, muy lejos de la tibieza con que encara el asunto, a saber, la intervención del mercado de la vivienda. No estoy proclamando que España se convierta en una república bolivariana marxista comunista. No. Mismamente los precios iniciales de los alquileres y sus posteriores incrementos, están regulados en Dinamarca, Países Bajos, Austria, Luxemburgo Suecia y Alemania.

Un gobierno está para gobernar cuando es necesario atajar un grave problema, ya sea económico, social o sanitario, y no para echar balones fuera con regulaciones que dependen su aplicación de otras instituciones. Porque quien no puede acceder a una vivienda digna, al que va a mirar es al gobierno central, y al que le va a pasar factura es al gobierno central.

Pero más allá de las consecuencias electorales por su mala política en vivienda, está el incumplimiento de la Constitución, que en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Vaya, a gobierno y oposición, enzarzados a diario sobre quién es más defensor de la Constitución, se les olvida la aplicación de un derecho constitucional, que no da margen a la interpretación y afecta a la gran mayoría de los habitantes de España.