No en mi nombre, señor Mazón.

 

Escucho en la radio que el presidente de la Generalitat Valenciana va a interponer un recurso de constitucionalidad contra la Ley de Amnistía, en nombre de todos los valencianos. Yo le pido, por favor al señor Mazón, que no en mi nombre, como valenciano que soy. Usted, como presidente de su partido está en su derecho de presentar al Constitucional todos los recursos que quiera a la Ley de Amnistía, en nombre de sus afiliados, simpatizantes y votantes, pero no en nombre de todos los valencianos. Le recuerdo que la suma de todos los votantes que apoyaron el Botanic es de 1.100.000 electores, que presumiblemente no estén de acuerdo en que usted, como presidente de la Generalitat, recurra al Constitucional por este asunto. Es más, no sé si es políticamente ético y legítimo que un presidente de la Generalitat interponga recurso al Constitucional por una asunto que no atañe a los valencianos y que una parte significativa de ellos están en contra. Estaría bien que recurriera por cuestiones que afectan, directamente, a la Comunidad, pero por una ley que ni quita ni pone en Valencia, Alicante y Castellón, es muy cuestionable. No sea más papista que el Papa y deje que sea el líder nacional de su Partido el que lleve el peso del recurso. Con este acto, usted demuestra que no es el presidente de todos los valencianos.

La Unión Europea en la encrucijada

 

Me van a permitir que copie, literalmente, el artículo 2 de la Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 24 de julio de 2002: «La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros».

Este es el espíritu que ha gobernado La Unión Europea desde su fundación en Roma, en el año 1957, perfeccionado en su ambición de una mayor integración y el desarrollo armónico de todas sus naciones y habitantes. No cabe la menor duda, de que aquel proyecto que surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951, para que Europa cambiara su pasado de enfrentamientos y egos nacionales, por un futuro de paz y progreso, ha sido un proyecto de éxito, a poco que echemos la vista atrás y veamos cómo hemos evolucionado los europeos hacia una mayor calidad de vida, en paz e integración.

Todo ha sido posible a una vocación europeísta de los líderes surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, de indudable espíritu democrático (no olvidemos, que el fin de aquella guerra supuso la victoria de la democracia frente al fascismo que contaminó gran parte de Europa durante la primera mitad del siglo XX). Un espíritu que supo compaginar el liberalismo con la social democracia, en lo que el añorado José Vidal Beneyto revindicó como socialismo liberal, en la serie de artículos que publico durante el mes de mayo de 2008 en el diario El País, apelando a la definición que Carlo Roselli hizo en los años 20 del siglo pasado. Para Vidal Beneyto, el socialismo liberal, cito textualmente: «conllevan un proceso de hibridación que recorre la segunda mitad de siglo XX e inaugura procesos de los que los principales son el liberalismo social entre los liberales y el socialismo liberal en el ámbito socialista».

¿Qué ha sucedido, entonces, para que a las puertas de unas elecciones al Parlamento Europeo, los enemigos de la democracia, antieuropeístas, negacionistas e iluminados cósmicos, que durante décadas han estado marginados en Europa, por el desarrollo y la aplicación de políticas de una Unión Europea, que podríamos calificar, sin temor, de socialistas liberales, estén pugnando por tener una presencia significativa en la Unión Europea?

Este neoliberalismo rampante, que ha sumido al capitalismo en la peor de sus versiones: la salvaje egocéntrica, marcada por un fuerte individualismo que sólo tiene como principio el sálvese quien pueda e idolatra el dinero, la fama y el poder, es el que está poniendo en un grave riesgo las políticas de bienestar y desarrollo armónico del continente, después de más de cuarenta años (podríamos decir que todo esto empezó con Margaret Thacher y Ronald Reagan) de propaganda exhaustiva y bien regada de dinero público y privado en los medios de comunicación, y en los últimos años metida en nuestra cama, gracias a las redes sociales.

Neoliberalismo desregulador, deslocalizador, insolidario, que en su máxima expresión ha sacado de las catacumbas al neofascismo que creíamos superado en Europa, (permítanme que discrepe de aquellos que se niegan a denominar como fascistas a todos esos movimientos de extrema derecha que campan por Europa; simplemente es un fascismo adaptado al siglo XXI). No hay extrema derecha que no sea defensora del capitalismo salvaje, por mucho que lo quieran disfrazar de bondades para los trabajadores y las clases menos favorecidas. De esto en España sabemos bastante, los que más, después de cuarenta años de dictadura fascista; o es que ya no nos acordamos de cómo vivía una gran parte de la población durante el gobierno de Franco, la que no estaba rendida al Movimiento Nacional o era rica de cuna o se hizo rica gracias a la corrupción que el franquismo les permitió ejercer.

La Europa que hemos construido durante las últimas décadas, es una Europa en la que el bienestar de sus ciudadanos no ha caído del cielo, ha sido gracias a un gran impulso democrático de la sociedad y sus dirigentes; a unos sindicatos combativos, y junto con las patronales, receptivos a la negociación; a políticas que entendían que la democracia no es viable sin un reparto justo de la riqueza, lo que nos conduce a políticas fiscales pensadas en el sostenimiento del estado de bienestar, y salarios dignos, que permitían planificar, a largo plazo, una vida. Pero también, al convencimiento de que una sociedad justa no es viable si no se implementan políticas reguladoras de todos los aspectos que la conforman: economía, derechos, medio ambiente, igualdad, sanidad, educación, etc. Lo que no ha significado un recorte de libertades ni de iniciativas, mas bien al contrario, con unas reglas del juego bien definidas es todo más fácil y permite que exista la sensación de seguridad jurídica, para cualquier acto de nuestra vida.

Esta manera de entender la democracia no cayó del cielo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya hubo filósofos, a lo largo de la historia del pensamiento europeo, que fueron marcando el camino. Entre otros, Erasmo de Rotterdam predica sobre la libertad y la educación como principios esenciales de una cultura civilizada. Hobbes, Rousseau y Locke desarrollaron la idea del contrato social como un acuerdo de derechos y deberes entre ciudadanos y/o entre estos y el Estado, que permitiera desarrollar leyes a las que todos se someterían. Después vinieron Adam Smith y Carlos Marx, que sientan las bases de cómo van a ser las relaciones económicas a lo largo del siglo XX. Todos ellos y muchos otros contribuyeron, después de dos guerras letales para Europa en el siglo pasado, marcadas por un nacionalismo pujante, a concebir la filosofía que dio cuerpo político, económico y social a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero CECA, posteriormente la Comunidad Económica Europea CEE y finalmente a la Unión Europea.

Dicho lo anterior volvamos a la actualidad y el riesgo de que todo se desvanezca en una nueva vorágine nacionalista, marcada por el ascenso de la extrema derecha, con sus afinidades más o menos neofascistas y el negacionismo de todo aquello que le sirva para destruir la democracia. Por lo que deberíamos hacer una pequeña reflexión y preguntarnos qué ha sucedido, por qué en el lugar del mundo donde mejor se vive, los movimientos destructivos de esa convivencia y bienestar, están en auge. Quizá una mirada hacia la expansión del neoliberalismo más salvaje, que se ha extendido por todo el continente, dejando a grandes capas de población desfavorecidas y por tanto ajenas a lo que la UE les pueda proporcionar, no vendría mal. Pero también al desarrollo de unas ideas que son de exacerbado individualismo, en donde sólo importa “lo mío”, incluso en la capas de población que sólo pueden vivir con dignidad cuando “lo de todos” se convierte en un manto protector contra el capitalismo feroz.

No hay posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, en todos los aspectos, si no es desarrollando una Unión Europea fuerte, democrática, solidaria, segura y de bienestar para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Los cantos de sirena de la extrema derecha, son sólo eso, salvo que una parte de la derecha tradicional europea se rinda y le dé carta de naturaleza política y, lo que es peor, poder en las instituciones. Pero también, es responsabilidad de todos nosotros hacer que ese neofascismo, que como el lobo asoma la patita de cordero, se quede en una representación marginal y, por tanto, prescindible.

Vamos a dejarnos de aventuras y de postureos pundonorosos, pensado que todos los políticos son iguales y, total, para qué ir a votar. Porque no son iguales y por ello nos jugamos el futuro. Sí, el futuro nuestro y de nuestros hijos. Sólo hay un camino: retomar con fuerza las ideas del artículo 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, al que hacía referencia al principio de este escrito.       

    

           

La tibieza de la derecha ante el fascismo creciente.

 

El fascismo, en sus diferentes casuísticas, crece en el mundo occidental: Trump, Milei, Bolsonaro, Abascal, Orban, Bukele, Ortega, Maduro, Putin, Netanyahu, etc., etc., etc., la lista es cada vez más larga, mientras la democracia va perdiendo puntos, por su tibieza frente a estos movimientos que tienen como objetivo derribarla, y por sus propios errores, al caer en la seducción del neoliberalismo, que sólo produce desigualdad.
La izquierda democrática tiene clara su posición ante este crecimiento, pero la pregunta es si lo tiene claro la derecha democrática. Porque no parece que así sea, atrapada en una gran contradicción entre hacerse con el poder gubernamental, aún a costa de ponerle un puente de plata a la extrema derecha, o decantarse por la defensa de la democracia, aunque esto le suponga la duda de hacerse con el gobierno a corto plazo. En esto, creo que están equivocados. Una derecha fuerte y democrática es una garantía de reforzamiento de la democracia; de rebaja de la tensión política, al distanciarse de la extrema derecha, única que sí está interesada en que los decibelios de esa tensión suban al máximo; y de alcanzar la gobernabilidad, con más facilidad de lo que ellos se imaginan. A las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que tanto nos jugamos, la derecha debe ser firme en sus planteamientos democráticos, que la alejen de la extrema derecha. Pero hay mucha tibieza por su parte.

El cónclave celebrado el fin de semana en Madrid, reuniendo a fascistas de toda Europa y de algún que otro continente, lanzando proclamas contra la democracia, la Unión Europea y el estado de bienestar, con el presidente argentino fuera de sí, embravecido, mal educado, grosero y más fascista que nadie, con el permiso de Abascal, debería haber encendido las alarmas de la derecha europea, y no parece que haya sido así. Más bien al contrario, se detecta una cierta resignación ante el ascenso del fascismo en Europa. Vuelve a caer en los mismos errores que hace noventa años, y eso sí que es preocupante. Tanto, como la respuesta a los insultos que el enloquecido Milei ha lanzado contra el presidente del gobierno de España, su entorno familiar y, por ende, a España en sí mismo. Un presidente del gobierno representa a todo el país, y si es atacado por otro dirigente extranjero, debe de haber una respuesta contundente por parte de todas las instituciones del país, inequívoca y sin fisuras. Las palabras de Núñez Feijoo son tan tristes y poco acertadas, al no distanciarse inequívocamente de ellas, que no es de extrañar, que la extrema derecha de Vox se infle como un globo al que soplan, cada día con más denuedo, los dirigentes del Partido Popular, que quizá deberían hacer la reflexión de si están contribuyendo a la construcción de la democracia o a su derribo. Y eso es demasiado triste y preocupante.                  

 

Las víctimas del franquismo, una piedra en el zapato de la derecha democratica

 

El 21 de mayo de 1940, fueron fusilados por el gobierno de Franco junto al Riu Sec de Castellón, a la entrada del cementerio, el alcalde de Burriana Salvador Moliner Nadal, el de Villarreal Pascual Cabrera Quemados y el del Chilches José Díaz Rosell, por el único delito de ser alcaldes republicanos, enemigos para el nuevo estado fascista que se imponía en España, a los que había que exterminar, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, por la que se buscaba «liquidar las culpas contraídas por quienes contribuyeron a forjar la subversión». No fueron los únicos fusilados en esa fecha de 21 de mayo de 1940, les acompañaron otros 25 republicanos, a los que también se les consideró un peligro para la patria. En total, durante el periodo entre 1938 y 1944, fueron fusilados sólo en Castellón, apelando a la Ley de 1939, 1013 personas, según los datos conocidos por la Enciclopedia de la Memoria Histórica, aunque, posiblemente, falten muchas más, ya que estos son los casos que los familiares han dado a conocer, ignorándose el número real.

Esta introducción viene a colación de las normas que algunas comunidades autónomas, en donde la extrema derecha tiene representación en cargos de gobierno, están aprobando, bajo el eufemismo de Leyes de la Concordia, que sólo tienen como objetivo blanquear la dictadura franquista y negar la evidencia de la existencia de miles de represaliados del y por el franquismo, no sólo fusilados, sino también depurados, torturados, encarcelados, mujeres a las que robaron sus hijos, etc., y embarrar en un fango de olvido a las víctimas de la dictadura, equiparándolas a las de la República (?), la guerra civil, y el terrorismo (como si estas últimas no tuvieran ya un reconocimiento explícito por el Estado y la sociedad).

Tratar de diluir las responsabilidades de la represión planificada del franquismo contra todos los que él consideraba enemigos, por mucho que los acusaran de enemigos de España, con las víctimas de la República, demuestra una ignorancia supina de la Historia, o lo que es peor un intento de retorcer la verdad histórica para ocultar una realidad que no les resulta cómoda. La República, como Estado, nunca ordenó la represión planificada de sus enemigos (eliminando de esta aseveración la locura que se desató en los dos bandos en el periodo de guerra), salvo quizá, en el periodo más negro que supuso el bienio en el que gobernaron las derechas con la CEDA a la cabeza entre 1934 y 1936, cuando encarcelaron y reprimieron a fuego a miles de trabajadores y sus dirigentes después de los sucesos de Asturias. Ignoro si cuando hablan de las víctimas de la República incluyen también a estos, o al ser “rojos”, no se merecen el reconocimiento como víctimas, en su huida hacia adelante para que el lado más negro y sucio del franquismo siga oculto bajo las alfombras de la historia, que durante ya demasiado tiempo han negado la evidencia, hasta convertirse en la gran asignatura pendiente de la democracia española, una vez que la Transición pasó de puntillas por este asunto y la Ley de Amnistía de 1977 inhabilitó a futuro cualquier exigencia de responsabilidades a verdugos de hecho y de derecho, por la represión de los años de dictadura. Una situación, que al día de hoy seguimos pagando, no tanto por la tardanza en hacer justicia sobre aquellos que sufrieron el trauma de un Estado dictatorial que les negó la posibilidad de una existencia digna, cuando no los mató directamente, sino porque el fin de la dictadura franquista no fue un punto final, que habría posibilitado a la democracia emergente nacer y desarrollarse sin el lastre del franquismo colgado siempre a su espalda. Y aunque quizá, en esos momentos no hubiera otro camino o eso dijeron, tiempo ha habido para romper con ese pasado y avanzar por un sistema libre de ataduras franquistas, y de una élite sociopolítica muy vinculada por herencia ideológica y/o intereses económicos y políticos a la dictadura, todavía hoy, casi cincuenta años después de la muerte del dictador. Por eso no es de extrañar el ascenso de un partido fascista como Vox y la contaminación que está produciendo en una parte de la derecha española.

Lo que resulta deprimente es que en España no tengamos una derecha plenamente democrática, capaz de asumir que el fascismo y la democracia son incompatibles, y que una de las premisas de los partidos neofascistas que están surgiendo en los últimos tiempos, es la eliminación de la democracia. La derecha española debe hacer su reflexión democrática, para no convertirse en un títere arrastrado por los postulados de la extrema derecha. Porque es necesaria y fundamental en el desarrollo democrático del país, ya sea más liberal o más conservadora. Pero lo que deben tener claro es que no hay cabida para la ultraderecha fascista en una democracia. El país iría mejor si se alejaran de partidos como Vox y profundizaran en un espíritu democrático que ahora están perdiendo. A la propia derecha le iría mejor, al mostrarse menos ultramontana y más conciliadora con una ciudadanía de sentimientos moderados que les da la espalda y unos partidos políticos de su ámbito ideológico, con los que les resulta imposible llegar a acuerdos si no se desvinculan de la extrema derecha.    

A pesar de su tibieza con el franquismo, la derecha democrática española no se habría planteado la aprobación de leyes que no tienen otro fin que acabar con la memoria histórica de un pasado no tan lejano, que convirtió a España en uno de los países más crueles y represivos con sus ciudadanos y ciudadanas de la segunda mitad del siglo XX. Esta evidencia, que no se puede negar en la historia, se trata de negar en la política, por imposición de la ultraderecha, conduciendo a España al ridículo, a que la ONU haga un informe durísimo por la falta de empatía hacia las víctimas del franquismo y sus intentos de naturalizarlo y a la posibilidad de tener que afrontar, como país, algún tipo de sanción internacional.

El problema no es la ONU ni las organizaciones de la memoria histórica ni de quien trata de cerrar las heridas del pasado haciendo justicia a las víctimas ni, por supuesto, de las víctimas. Es un problema sobrevenido por unas leyes autonómicas, que jamás, en un país democrático, se debería haber ni siquiera planteado, no digo ya aprobado. Unas leyes que deben ser revocadas para restablecer la normalidad democrática.

Para terminar, si la derecha democrática reconociera la reparación que reclaman los descendientes de las víctimas del franquismo, no sólo estarían adoptando una posición de reparación histórica, sino que acabaría recuperando, quizá, el apoyo de muchos de esos descendientes, porque esa idea absurda de que ser republicano exige ser de izquierdas y que todas las derechas son monárquicas, ni tiene razón histórica que la sustente ni obedece a la realidad, ni antes ni ahora.